SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0616/2013-L
Fecha: 08-Jul-2013
III.3. Análisis del caso concreto
Del análisis de los antecedentes de la presente acción y las conclusiones desarrolladas, se evidencia que el 17 de julio de 2010, Joaquín Alberto Trigo Guzmán y Carlos Ernesto Cardona Ríos en representación de los ex trabajadores del LAB, interpusieron una acusación formal contra la hoy accionante por la presunta comisión de la apropiación indebida de dineros toda vez que, no habría efectuado los depósitos de los descuentos realizados al LAB, a consecuencia de la demanda laboral de pago de beneficios sociales, interpuesta por los ex trabajadores de esa empresa, demanda que fue admitida el 19 del mismo mes y año; después de realizar una serie de actuados, el 17 de octubre de 2011, Elsa María del Carmen Torrico Ramos, formuló excepción de incompetencia al Juez Cuarto de Sentencia Penal, quién no sería el Juez competente para resolver el problema de pago de beneficios sociales reclamados; por lo que, mediante Auto de 18 de octubre de 2011, el referido Juez dispuso que la excepción sería resuelta en el juicio oral con los otros incidentes interpuestos, tal como se dispuso en el Auto de 15 de febrero de ese mismo año.
En principio es menester identificar con claridad cuál es el acto identificado como vulneratorio de los derechos de la accionante, es en ese sentido que, de lo precedentemente expuesto y los hechos que motivan la acción, se advierte que la accionante hizo mención a la demanda laboral entre los ex trabajadores del LAB y esa empresa, para luego referirse a la demanda penal que se interpuso en su contra, en la que identificó también actuados en los que se hubiese vulnerado algunos de sus derechos -notificación por edictos a pesar de estar identificado su domicilio-, del cual interpuso otra acción de libertad; luego en la etapa de juicio oral, instancia en la que recién conoció de la acusación formal interpuesta en su contra, etapa en la cual interpuso excepción de incompetencia que no fue atendida y relegada a su tratamiento en el juicio oral conjuntamente los otros incidentes, siendo éste el actuado que la accionante considera que vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su excepción debió ser resuelta antes que cualquier otra excepción o incidente, puesto que es de previo y especial pronunciamiento, tal cual lo dispone el art. 310 del CPP.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió en parte
- Fragmento 5
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad';
- su finalidad, conforme manda la Constitución Política del Estado, es resguardar el derecho a la vida cuando fuere puesta en peligro, el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y en su caso restituir el derecho a la libertad cuando fuere indebida o ilegalmente limitada.
- se advierte que las características de la acción de libertad, se mantienen: el informalismo, relativo a la ausencia de requisitos formales en su presentación, ampliando la posibilidad de su presentación oral de este medio de defensa; la inmediatez, por la urgencia de los derechos que resguarda; la sumariedad, dado que la (CPE) y la (LTCP), establecen que deberá ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas de interpuesta la acción -art. 126 de la CPE y art. 68.1 de la LTCP-; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, pudiendo interponerse contra la autoridad o persona denunciada que -art. 125 de la CPE y art. 68.2 de la LTCP-; e inmediación, porque requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad, en el entendido que el Juez o Tribunal de garantías que conozca la acción, debe disponer que el accionante sea conducido a su presencia o acudir al lugar de la detención -art. 126.I de la CPE concordante con el art. 68.5 de la LTCP-, con la finalidad de tener contacto con el accionante o verificar las condiciones en que se encuentra, en suma hacer efectivo el principio de inmediación que rige la actividad procesal
- 'La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona considere que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal'
- III.2. La acción de libertad y el debido proceso
- Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.
- la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante.
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
- para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…”
- III.3. Análisis del caso concreto
- 2°