Sentencia Constitucional Plurinacional: 1058/2013 de 12 de julio

Además de ello, la propia Ley General de Aduanas, por una parte, reconoce que los despachantes de aduanas, realizan su trabajo bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad (art. 2, 46 y 74 de la LGA), y por otra, como se indicó, de manera contradictoria, lo convierten en sujeto pasivo de obligaciones solidarias como si fuera el titular de la mercancía; aspecto que denota la falta de igualdad y proporcionalidad de la Ley respecto de los Despachantes de Aduanas, más aún si se considera que éstos, deben ceñir sus actuaciones bajo el principio de buena fe, respecto a las declaraciones que efectúan los propietarios de las mercancías, pues así lo reconoce el art. 48 de la LGA que señala que el Despachante de Aduanas “…no asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada del valor en Aduanas que debe realizar el importador”; sin embargo, la Ley, de manera contradictoria, a pesar que reconoce dicho aspecto, trata a los despachantes de aduanas, como sujetos pasivos de obligaciones de pago.