SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1124/2013

En este contexto, con la excepción que establece la ley para su aplicación en los casos en los que las autoridades judiciales hubieran dictado resoluciones estando suspendida en sus funciones o hubiere cesado; en el ámbito administrativo, el recurso directo de nulidad, en vía de control constitucional de funciones, procederá cuando haya usurpación de funciones que no les corresponde y cuando se ejerza una potestad o jurisdicción que no emane de la ley, siendo posible observar la competencia ilegal de las autoridades administrativas, en tanto las mismas estén vinculadas al ejercicio de una función, potestad o jurisdicción no reconocida por la Constitución Política del Estado” (las negrillas son nuestras).

Cabe mencionar que la aludida SCP 0265/2012, en el Fundamento Jurídico III.1.1 señala que:“…una lesión que inequívocamente vulnera un derecho fundamental, es aquél acto por el cual una persona o autoridad asume la competencia de juzgar, judicial o administrativamente, sin haber sido investida de tal autoridad, previamente y conforme a ley, incurriendo por ello, en una violación del debido proceso y específicamente del juez natural…”; para cuya protección está la acción de amparo constitucional prevista en la Constitución Política del Estado.

Como se ha señalado líneas arriba, el art. 157.II de la LTCP, además de reiterar el contenido del art. 122 de la CPE, añade que también procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiere cesado; a contrario sensu, no procede o es improcedente el recurso directo de nulidad contra actos o resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales a no ser que estas hubieran emitido fallos habiendo cesado sus funciones o estuvieran suspendidos del ejercicio de éstas.