SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0851/2013-L
Fecha: 14-Ago-2013
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Rodrigo Antelo Castillo, Fiscal de Distrito, mediante informe de fs. 21 y vta., manifestó que el sistema I3P se implementó el año 2006 y que el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), no le faculta ordenar la cancelación de antecedentes policiales, siendo ésta una facultad del control jurisdiccional, cuando se cumple el presupuesto procesal al efecto.
Jorge Barrero Orellana, Director Departamental de la FELCC, mediante informe cursante a fs. 24, manifestó que el sistema I3P, es una herramienta de investigación de propiedad de la Policía Boliviana compartida con el Ministerio Público, al ser una herramienta de investigación se encuentra bajo control jurisdiccional de acuerdo al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que la única autoridad que puede realizar la acción es el juez de control jurisdiccional o el juez de la causa.
- acción de protección a la privacidad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- II.3.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad
- III.2. Alcances de la acción tutelar de protección de privacidad
- III.3. De los sistemas informáticos de la Fiscalía
- de abril de 2005, por el delito de violación, que se encontraba en la base de datos de archivo y sistema de ingreso y seguimiento de causas 'Inspector I3p', no se activo el proceso y no fue archivado, no se inició la investigación y por ende tampoco el proceso penal. Es así, que advertido de tal situación, solicitó al Ministerio Público la búsqueda del cuaderno de investigaciones para verificar el estado en que se encontraba la investigación y que dicho extremo se le certifique, para en su caso pedir el levantamiento de antecedentes policiales, la que en efecto fue extendida por el encargado de informática de la Fiscalía de Distrito, que certificó la existencia de una denuncia en su contra por el delito de violación, proceso que no fue archivado; desconociendo a la fecha de la certificación si el proceso penal estaba concluido, no se sabe qué Fiscal estuvo asignado al caso ni la ubicación física del mismo
- de antecedentes penales, misma que fue denegada por ambas autoridades, motivando que acuda ante el Juez de Instrucción de Turno en lo Penal, autoridad judicial que mediante Decreto de 22 de mayo de 2010, no dio curso a lo solicitado señalando no constar ningún proceso contra el impetrante, menos que estuviere radicado en ese Juzgado, lo que evidencia que con esas negativas se ha vulnerado el derecho a la privacidad, la imagen y reputación del accionante, pues no obstante de reconocer que si bien existió una denuncia en su contra no se inició la investigación ni tampoco proceso penal, por lo cual debieron dar curso a lo solicitado y ordenar el levantamiento de antecedentes policiales de la base de datos de archivo, además, del sistema de ingreso y seguimiento de causas, lo que evidencia vulneraron los derechos a la dignidad, imagen, honra y reputación, determinando ello se conceda la tutela solicitada
- III.4. Análisis del caso concreto
- 1° CONFIRMAR en parte