SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1255/2013
Fecha: 01-Ago-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 17 de junio de 2010, el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria en su contra, siendo de forma ulterior modificada por la detención preventiva. Posteriormente a ello, el 7 de febrero del 2012, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal por considerar que habrían disminuido de manera significativa los peligros procesales que dieron lugar a su detención preventiva, ordenó la cesación de la misma, imponiéndole nuevamente la detención domiciliaria con custodia policial y otras medidas más.
El 23 de marzo de 2012, el Tribunal señalado supra, dictó Sentencia condenatoria en su contra, por lo que ante la interposición del recurso de apelación restringida dicho Tribunal no remitió de manera oportuna el citado recurso al Tribunal de alzada para su correspondiente consideración, habiéndose presentado varios memoriales sobre esa irregularidad ante el nombrado Tribunal como al Consejo de la Magistratura. Asimismo, se interpuso acción de amparo constitucional sobre la falta de remisión del recurso ante el Tribunal de alzada, donde se envió la correspondiente Sentencia Constitucional por la que se concedió la tutela, ordenando al Tribunal remita el recurso de apelación restringida, situaciones que demostrarían su total sometimiento al proceso.
Ante tal circunstancia, el 14 de febrero del 2013, solicitó al Tribunal Segundo de Sentencia Penal, la modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria por la libertad irrestricta por considerar la inexistencia de los peligros procesales que dieron lugar a dicha medida; misma que, fue negada por los Jueces del Tribunal Segundo de Sentencia Penal -ahora codemandados- sin una adecuada fundamentación y valoración integral de los medios probatorios aportados fuera de los principios de razonabilidad, equidad, proporcionalidad.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- conceda
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”
- “No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida”
- “Las resoluciones que resuelven una solicitud o reclamo, deben contener una motivación coherente con el ordenamiento jurídico, exponiendo de forma clara y precisa los fundamentos que llevaron a la autoridad a resolver el caso de una u otra forma, satisfaciendo todos los aspectos demandados; caso contrario, se estaría vulnerando el derecho y garantía del debido proceso.
- En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP.
- la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca;
- por regla general, las resoluciones pronunciadas en apelación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP, deben circunscribirse a los aspectos cuestionados en la resolución. Sin embargo, esta limitación no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas; es decir, los Vocales deben precisar los elementos de convicción que les permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP
- III.3. Sobre la ponderación de los elementos de convicción y la valoración de la prueba
- este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla
- La valoración de los elementos que sustentan las decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad de contralor de la constitucionalidad”
- Fragmento 24
- CONFIRMAR