SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1424/2013
Fecha: 14-Ago-2013
I.1.1. Hechos que la motivan la acción
La Jueza Quinta de Sentencia Penal del departamento de La Paz, mediante Resolución 007/2012 de 10 de abril, declaró probadas las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso penal e improbada la de prejudicialidad, que fueron formuladas por su persona y otros dos coimputados, fallo que fue apelado por la querellante, Casilda Márquez Gonzales, por lo que los Vocales -ahora demandados- a través de Auto de Vista 364/12 de 9 de noviembre de 2012, revocaron la Resolución impugnada y declararon improbadas las excepciones formuladas y confirmaron la excepción de prejudicialidad sin que ésta haya sido recurrida, con el argumento que una vez promovida la denuncia penal deja de computarse el plazo para la prescripción, debido a que el Órgano Judicial se encuentra activado, además de existir mora provocada por los imputados; empero, no consideraron las reglas previstas en los arts. 29 al 34 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que claramente establecen que la presentación de la denuncia o cualquier otra sindicación para iniciar una causa penal no tiene efecto para interrumpir ni suspender la prescripción, ya que una vez que ésta se inicia a computar a partir de la media noche en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, corre hasta el día en que venza el plazo previsto por ley, salvo la declaratoria de rebeldía (art. 31 del CPP).
El Auto de Vista impugnado vulnera el derecho al debido proceso, además de contradecir los razonamientos de las SSCC 1510/2002-R, 0187/2004-R y 1214/2004-R, que al resolver un caso análogo dejaron establecido que la presentación de la denuncia penal no interrumpe la prescripción ni impide que el tiempo continúe computándose, pudiéndose formular en la etapa preparatoria o juicio oral hasta antes que se dicte sentencia.
Respecto a la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, el Auto de Vista 364/12, pronunciado por los Vocales demandados, es muy genérico y subjetivo, ya que no se refiere como los imputados provocaron mora, no individualizan las actuaciones, momentos o personas que efectuaron la dilación, ni explica cómo llegaron a la convicción de que un acto es ilegal o ilegítimo, lesionando de esa forma el derecho al debido proceso conforme dispone el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que obliga al juez o tribunal a expresar los criterios de orden legal y constitucional para asumir una determinación; fundamentación que cobra mayor trascendencia en materia penal, puesto que el art. 124 del CPP, claramente estipula que los fallos deben ser claros, específicos y motivados, tarea que no puede ser remplazada por las peticiones de las partes del proceso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que la motivan la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- concedió
- II.1.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Fragmento 11
- III.2.1. Prescripción
- La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.
- Ahora bien, de acuerdo a nuestra norma procesal, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del Código Penal (CP) establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.
- El nuevo Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambia radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal;
- III.2.2. Por duración máxima del proceso
- los delitos de falsedad material, ideológica,
- al momento de pronunciarse respecto al cómputo del término de prescripción del delito de uso de instrumento falsificado, tomar en cuenta su carácter permanente, así como el hecho de que el cómputo, en este caso, deberá correr a partir del momento en que cesó su consumación a objeto de establecer la extinción de la acción penal o la continuación del proceso penal seguido contra el accionante
- en cambio, en los delitos permanentes, la actividad consumativa no cesa al perfeccionarse la acción típica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración, se imputan como consumación de la acción delictiva
- Los delitos permanentes, son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza da lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto
- de la jurisprudencia citada precedentemente concluimos que en los delitos instantáneos, la acción coincide con el momento de consumación del delito, en tanto que en los delitos permanentes, la consumación del delito se prolonga en el tiempo, en ese entendido, para los delitos instantáneos, el cómputo se inicia desde la media noche en que se cometió el delito, y para los permanentes, desde que cesó su consumación
- En ese orden de ideas, por regla genérica, todo tipo penal gira en torno a un elemento central, que es la conducta típica o verbo rector del tipo, que justamente es la acción humana exterior evitable que se considera lesiva a un determinado bien jurídico protegido (Ej. En el homicidio es matar, en el hurto apoderarse ilegítimamente, en la falsedad material forjar en todo o en parte un documento público),
- En contrapartida se tienen los delitos de resultado, en los cuales existe la causación de un resultado que es separable espacio-temporalmente de la conducta, pues se consumen el momento en que el autor ha alcanzado el resultado típico (v.gr. En el homicidio la acción puede ser disparar, acuchillar, estrangular, y el resultado típico es la muerte). Ahora bien, tanto los delitos de pura actividad como los de resultado pueden dividirse en instantáneos y permanentes según que la actividad o resultado determinen la aparición de una situación lesiva al bien jurídico de cierta duración o no; los primeros, se consumen al instante, sin crearse una situación lesiva duradera en el tiempo, mientras que los segundos suponen el mantenimiento de una situación lesiva por voluntad del autor, por lo que el delito se sigue consumando hasta que abandona la situación (v.gr. Secuestro, desaparición forzada de personas, reducción a la esclavitud o estado análogo)
- En esa línea argumentativa, se establece que el tipo penal de uso de instrumento falsificado (art. 203 del CP), es un delito de pura actividad e instantáneo, pues éste se consuma el momento en que el autor hace uso de un documento falso o adulterado, esto es, con la sola realización de la conducta, razón por la que es erróneo sostener que se trate de un delito permanente, ya que se confunde la posibilidad de estar frente a un concurso ideal homogéneo (el documento falso o adulterado puede ser utilizado sucesivamente) con la conducta típica sancionada (hacer uso del documento), que como se dijo se agota con la pura actividad y de manera instantánea.
- Fragmento 25
- En ese entendido, el cómputo de la prescripción del tipo penal de uso de instrumento falsificado debe efectuarse desde el momento en que se hizo uso del documento falso o adulterado, o habiendo sido utilizado en varias oportunidades, el cómputo se realiza desde la última vez que fue empleado. Por lo expuesto, debe modularse la línea jurisprudencial antes citada, en el entendido de que el uso de instrumento falsificado es un delito de pura actividad e instantáneo.
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión,
- consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho
- la exigencia de que toda resolución sea fundamentada es aplicable en todas las etapas del proceso, por tanto; cada autoridad que dicte un fallo, deberá tener en cuenta este extremo, es decir, tanto los jueces a quo o de primera instancia como los de apelación y casación.
- III.6. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR