SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1569/2013

Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (las negrillas son añadidas).

Asimismo, el art. 47 de la norma supra, en cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; o, 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

La norma constitucional citada así como las disposiciones legales referidas, prevén la activación de esta garantía jurisdiccional con el objeto principal de proteger y restablecer los derechos fundamentales a la vida cuando ésta se encuentre en peligro, a la libertad personal, a la integridad física, a la libertad de locomoción y al debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, definiendo su alcance y finalidad en una triple dimensión: preventiva, correctiva y reparadora, configurándola como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos mencionados. Con el propósito de alcanzar su objetivo, el Constituyente ha diseñado un procedimiento inspirado en los principios de sumariedad, celeridad, inmediatez e informalismo para la protección oportuna de este derecho, garantizando su aplicación expedita y oportuna. Así lo estableció la SCP 0856/2012 de 20 de agosto.