SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2014

         Dentro del contexto señalado, cabe enfatizar que como se acredita por el informe y solicitud evacuado por la Médico del penal, el accionante requería atención en otorrinolaringología, en el Policlínico “9 de abril”, biopsia patológica en el Hospital Obrero, laboratorio en el Policlínico, neurología y reumatología en el Centro de Especialidades Materno Infantil, proctología en indicado Hospital y cardiología en el Policlínico, exámenes y consultas médicas que fueron programados con anticipación; empero, la autoridad judicial demandada autorizó las salidas para el 22 y 27 de agosto de 2013, condicionando las de 24, 29 y 30 del mismo mes y año, a una valoración por parte del IDIF; menoscabando la salud del interno cuyo deterioro puede poner en riesgo inclusive su vida, derecho que al ser primigenio goza del respeto y protección no sólo del orden constitucional vigente, sino también de instrumentos internaciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3), la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (art. 1), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 6.1) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, más aún si por la condición de detenido preventivo le es dificultoso obtener la programación de los exámenes médicos y que en este caso tenía señaladas las fechas; lo que evidencia que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, ha vulnerado el derecho a la salud con el aditamento de poner en riesgo la vida del interno, por cuanto como autoridad judicial dando credibilidad a los certificados médicos y a las peticiones de la galena del Ministerio del Interior asignada al penal de “San Pedro”, debió dar curso a las salidas judiciales para que sea tratado a tiempo y no ponga en riesgo la salud, la vida o integridad del imputado, como lo señala la jurisprudencia citada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.