SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2014

El 1 de septiembre de 2000, se inició un proceso ejecutivo por cobro de dinero ante el Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial seguido por Eduardo Avalos Yepez contra su persona y su esposo, con una serie de violaciones como la vulneración a sus derechos a la “seguridad jurídica”, al debido proceso y a la defensa.

Denunció flagrantes violaciones a sus derechos procesales y garantías constitucionales, mediante incidente de nulidad, el cual fue rechazado por Auto 483/10 de 28 de julio de 2010, Resolución incongruente, por existir contradicción, al establecer que las resoluciones que no fueron impugnadas, han sido consentidas, y no existe vicio procesal con relación a la deuda, porque se reconoció el pago de $us11 000.- (once mil dólares estadounidenses), en ningún momento una oferta de pago significa consentir en la ejecutoria de la sentencia, agrega que no fue notificada con dicha resolución poniéndola en estado de indefensión, dándose lugar al vicio de nulidad, por no cumplirse con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el Juez demandado omitió su deber establecido en el art. 152 del mismo cuerpo legal, abrir el plazo probatorio de seis días desconociendo totalmente los antecedentes del proceso.

Interpuso recurso de apelación contra del Auto Interlocutorio que rechazó el incidente, siendo resuelto por Auto de Vista de 23 de julio de 2011, emitido por los Vocales de Sala Civil Segunda -hoy demandados-, objeto de la presente acción, señalando que dicho Auto es igualmente atentatorio y violatorio a sus derechos y garantías constitucionales, porque vulnera la seguridad jurídica y el debido proceso, ya que los demandados en vez de aplicar la nulidad de actos procesales, por las irregularidades reclamadas en el incidente de nulidad, confirmaron el Auto interlocutorio, manteniendo la indefensión de la cual fue y sigue siendo objeto, por parte de los jueces y tribunales.