SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2014
Fecha: 03-Ene-2014
II.5.
II.5. El 21 de enero de 2013, la AIT General, emitió la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0068/2013, que resolvió el recurso jerárquico planteado por la Empresa Agroindustrial La Chonta Ltda., contra la Resolución ARIT-SCZ/RA 0368/2012 de 12 de octubre, realizando un análisis de los fundamentos y antecedentes expuestos por la empresa recurrente, así también lo expuesto por parte de la autoridad recurrida, llegando a establecer que la resolución impugnada dio respuesta a todos los agravios expuestos por el ahora accionante; asimismo, hacen referencia a las normas vigentes que se aplican en el presente caso como el CTB, la Ley 3092, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y los Decretos Supremos (DDSS) 27113 y 21530, de 23 de julio de 2003 y 27 de febrero de 1987, respectivamente realizando una fundamentación técnico jurídica de los agravios reclamados por el accionante, dando respuesta a cada punto, resolviendo confirmar con fundamento propio la Resolución ARIT-SCZ/RA 0368/2012 de 12 de octubre, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-0000519-12, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, que estableció una deuda tributaria de Bs2 212 321, 45.- equivalente a UFV's1 255 873, 39.-, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago de acuerdo al art. 47 deL CTB (fs. 10 a 26).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1 Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- i)
- III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional
- la Constitución Política del Estado es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez directamente justiciable
- la funcionalidad de la Constitución Política del Estado
- gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.
- estructura esta acción sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado.
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido
- la facultad de valoración de la prueba aportada en cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos,
- 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales'.
- a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales;
- qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas;
- por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse,
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo