SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0134/2014-S2

La Jueza Quinta de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 016/2014 de 6 de mayo, cursante de fs. 63 a 65 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) A objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capitulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, la que estará encargada de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el director del establecimiento, acceder a su costo a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el Juez de Ejecución Penal; 2) La apelación planteada ante la Sala Penal Tercera, basó su impugnación fundamentalmente en el hecho de que el Tribunal Sexto de Sentencia no habría valorado la abundante prueba ofrecida para que se considere la cesación a la detención preventiva y ese argumento también expuesto en este recurso extraordinario, en ese sentido y al haberse hecho referencia a la valoración de la prueba se debe aclarar que el tribunal de garantías constitucionales no es competente para valorar la prueba, en todo caso sólo puede establecer si dichas pruebas son creíbles o no y podrían servir para fundar una determinación sobre cesación a la detención preventiva, para ello se debe tener en consideración la especialidad de cada galeno que intervenga en la emisión de los certificados médicos los que en cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 92, 93 y 94 de la LEPS, deben establecer en principio cual el estado de gravedad de la dolencia o enfermedad, determinando mínimamente los días de impedimento de la persona, para realizar actividades normales, o si la persona requiere de internación o salidas médicas, en el presente caso de la revisión de los datos puestos en conocimiento, se ha establecido que las dolencias que aquejan al acusado son variadas y de distinta índole, así ha recurrido al oculista, al odontólogo, al médico general del penal; sin embargo, ninguno de estos ha determinado de manera expresa y categórica que el acusado esté afrontando una enfermedad incurable, como se manifestó en audiencia, menos han determinado que este tenga impedimentos físicos ni orgánicos para realizar determinadas actividades -aún dentro del penal-, tampoco han manifestado que requiere internación u operaciones quirúrgicas, lo que dio lugar, a que en primer término el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, rechace la solicitud del acusado y los Vocales de la Sala Tercera en lo Penal confirmen la referida resolución; 3) El acusado ha efectuado diversas solicitudes de salidas médicas, las cuales nunca han sido denegadas, por el contrario consta en antecedentes las varias salidas efectuadas para realizarse atenciones médicas; 4) En cuanto a las manifestaciones efectuadas en las que refieren que los médicos de forma unánime opinaron y certificaron que su salud sufriría un deterioro de permanecer detenido, argumentos con los que pretenden hacer valer opiniones a futuro de lo que podría acontecer en caso de continuar con su encierro, más no dicen de manera concreta cual sería el riesgo específico que correría su salud; 5) En cuanto a lo manifestado por el Director del Penal de San Pedro, que en base a los informes habría dictaminado, que bajo su guardia él no disponía de los medios ni tenía la capacidad de resguardar la salud del accionante y que en el penal no existían las condiciones mínimas para cuidar de la misma, requirió al Juez de Ejecución Penal, que se conceda la detención domiciliaria, señalando la existencia de riesgos en su salud, criterio que no se puede tener en cuenta, toda vez que, no es médico de profesión; y, 6) No se desconoce la Constitución Política del Estado, los Convenios Internacionales ni las Leyes especiales, cuanto se trata de protección a la vida y la salud de las personas; empero, no se debe olvidar que la situación del acusado no es la normal de un ciudadano común, ya que éste se halla restringido debido a la acusación penal que contra él pesa y por ello la jurisprudencia constitucional señalada, ha mencionado con referencia a ésta situación especial, que dentro de los marcos de realidad de las penitenciarías del país debe otorgarse y reconocerse los derechos de los internos e internas, dotándoles de lo necesario, lo que en el presente caso ha ido sucediendo ya que  el acusado ha sido autorizado a salidas médicas y de otra índole y será la propia ley que proteja al acusado cuando su vida se halle en situación de peligro latente ostensible, situación que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, ha sabido proteger conforme se han presentado situaciones particulares.