SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0134/2014-S2

Por los antecedentes expuestos y los documentos adjuntos al expediente, se advierte que el accionante el 27 de marzo de 2014, solicitó la cesación de su detención preventiva al Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de La Paz, aduciendo enfermedad y por consiguiente peligro de su vida, quien emitió la Resolución 28/2014, rechazando la solicitud pretendida, por lo que, el 8 de abril del mismo año, interpuso recurso de apelación contra la referida resolución, la misma que fue resuelta por la Sala Penal Tercera mediante Resolución 122/2014 de 23 de abril, declarando improcedente la apelación interpuesta, consecuentemente confirmó la resolución 28/2014, sin efectuar una valoración de la prueba aportada, consistente en certificados médicos y forenses, obviando su delicado estado de salud.

El accionante en la interposición de su acción de libertad, identificó a los Jueces Técnicos y Ciudadanos del Tribunal Sexto de Sentencia Penal y a los Vocales de la Sala Penal Tercera, como las autoridades que vulneraron sus derechos a la salud, a la libertad, a la vida, a la presunción de inocencia, celeridad procesal, a la igualdad de las partes y al debido proceso, de las cuales hicieron mayor énfasis en las referidas a su salud en relación a su vida por la falta de valoración de la prueba aportada, lo que dio lugar al  rechazo de su solicitud de cesación a su detención preventiva, por consiguiente a su libertad.

En atención a lo expuesto, es preciso citar la sentencia jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que dispone que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba dado que esta es una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria, en la que los jueces y tribunales son quienes por mandato de la Constitución Política del Estado y las leyes deben revisar todo cuanto sea presentado durante el proceso para luego finalmente emitir un criterio; sin embargo, la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que la justicia constitucional, podría ingresar a la valoración de la prueba, esta es cuando en esa labor efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación o cuando la autoridad judicial basó su decisión en una prueba inexistente o refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, además de ello, debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales; por lo señalado, este Tribunal, se encontraría impedido de ingresar a valorar la prueba, pero al denunciar entre todos los derechos invocados como vulnerados, también el derecho a la vida, indicando que el mismo estaría en riesgo, es de ineludible importancia ingresar a verificar si evidentemente los certificados médicos emitidos establecen esa circunstancia, al ser éste un derecho fundamental, principal y primario.

Ahora bien, como se podrá advertir de las Conclusiones II.1 y II.2 desarrolladas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el médico forense en cumplimiento de la orden judicial emitida por José Ayaviri Siles, Juez Tercero de Ejecución Penal, efectuó la valoración médico legal del accionante, emitiendo un primer certificado en el que recomendó, una evaluación especializada por médicos especialistas en cardiología, medicina interna, alergólogo, neumólogo y cirujano general, una vez cumplidos los mismos, volvió a emitir un nuevo certificado médico describiendo los resultados de los estudios realizados por los especialistas, concluyendo que debido a las diferentes enfermedades que presenta el privado de libertad, el cual, recibe un esquema de tratamiento con varios medicamentos de última generación, debido a que no existe condiciones de control por laboratorio en el Penal San Pedro, que garantice una terapéutica racional, inexistencia de controles periódicos por médicos especialistas, un esquema higiénico dietético para garantizar una terapéutica racional y a fin de evitar complicaciones graves irreversibles, que lleven a un estado terminal y comprometan la salud y vida del accionante, sugirió tratamiento en un lugar adecuado, tranquilo que garantice un tratamiento acorde con las necesidades básicas de atención de acuerdo a normas y recaudos de ley, por lo que, el médico ese Penal, en base a los referidos certificados médico forenses, remitió informe al Director del mismo reclusorio, poniendo a su conocimiento los informes médicos y la recomendación de éste, quién a través de nota de 31 de enero de 2014, solicitó a José Ayaviri Siles, Juez Tercero de Ejecución Penal, en aplicación de los arts. 90 al 93 de la LEPS, la consideración de modificación de detención preventiva del privado de libertad a detención domiciliaria.

Del análisis efectuado de los certificados médico forenses, se establece que ciertamente el accionante padece de una serie de dolencias, las mismas que fueron evaluadas por médicos especialistas y consideradas por el médico forense, los cuales no efectúan una precisión clara respecto a la gravedad de la salud del accionante, es decir, indicaron una serie de dolencias utilizando términos técnicos propios de medicina, pero no establecieron con claridad la existencia de una posible enfermedad de gravedad o terminal, que requiera un tratamiento especializado y que en el recinto penitenciario no podría ser otorgado, indicando expresamente y de forma contradictoria la otorgación de cero días de impedimento, lo cual no condice con la presumible enfermedad de gravedad, toda vez que, si el accionante estuviese realmente  en condiciones en las que se ponga en riesgo su vida, debieron los certificados médicos ser más claros y precisos, señalando la gravedad de las mismas, efectuando las recomendaciones necesarias para su atención, en lugares especializados y que debería ser en un lugar fuera del recinto o caso contrario la hospitalización del accionante a objeto de resguardar su salud.

Por otro lado, se advierte que el accionante constantemente solicitó salidas para ser atendido con médicos especialistas, los cuales no son del recinto penitenciario, permisos que fueron otorgados en varias oportunidades y sin restricciones, aspectos que demuestran que no se le privó en ningún momento de las atenciones médicas requeridas, de las cuales puede continuar gozando, habida cuenta que éstas se encuentran plenamente autorizadas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos, situación que impide a este Tribunal, conceder la tutela solicitada, máxime si los certificados médicos no acreditan con claridad cual la situación real, en cuanto a la salud del accionante.