SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0249/2014-S2
Fecha: 19-Dic-2014
Fragmento 5
Julio Ramiro Paredes Jemio, ex miembro de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, José Manuel Rioja Claure, Víctor Eduardo Tineo Zeballos y José Luís Blanco Guerra, Presidente y Vocales, respectivamente, de la Comisión de Régimen Disciplinario de la UNIPOL, a través de informe de 7 de mayo de 2014, cursante de fs. 331 a 334, y en audiencia señalaron lo siguiente: 1) Dentro del proceso Administrativo Disciplinario seguido contra Sergio Chávez Pacheco, del primer año de formación profesional de la ANAPOL por la presunta infracción al art. 39 (faltas graves) inc. b) núm. 3, de acuerdo al informe de Alejandro Ledezma Miranda manifiesta que posterior al retorno de su franco del batallón de cadetes se realizó el control y revisión de los distintos cursos donde dicho cadete presentaba posible “Halito Alcohólico (Tufo)” (sic), dando parte al capitán de servicio, Yuri Vargas Malty, quien ordena conducir al mencionado cadete al Organismo Operativo de Transito de la Zona Sur, practicado la prueba dio como resultado 0.193 % mgrs, con influencia alcohólica; 2) En las declaraciones informativas prestadas en el caso 029/13 por el cadete Sergio Chávez Pacheco “HA MANIFESTADO NO DECLARAR Y ACOGERSE AL DERECHO DE SILENCIO” (sic), y en las declaraciones por los cadetes Mauricio Zenteno Quisbert y Jonathan Camacho Gonzales, de tercer año, afirman el procedimiento por el personal policial dependiente del Organismo Operativo de Transito de la Zona Sur; 3) De acuerdo al informe conclusivo dentro de la investigación realizada por Charles Romero Escalante manifestaron que es evidente y plenamente demostrable que el 21 de abril de 2013, el ahora accionante, retornó de franco con aliento alcohólico y su conducta se adecua al art. 40 (faltas Gravísimas) núm. 1 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL y de las fotocopias legalizadas del compromiso, permanencia, retiro y/o egreso de la UNIPOL se comprueba que la conducta se adecúa al art. 39 inc. B.3 núm. 22; 4) Mediante audiencia solicitada y llevada a cabo el 11 de junio del señalado año, a horas 14:30 en instalaciones de la Comisión de Régimen Disciplinario (CRD) valoró todos los antecedentes del cuaderno de investigación y escuchado los argumentos del procesado Sergio Chávez Pacheco; 5) El bloque normativo constitucional aplicado al caso fueron los arts. 77 de la CPE; 3 y 251 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 61 de la Ley de Educación “Avelino Siñani” - Elizardo Pérez de 20 de diciembre de 2010, 9 inc. e) y 15 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y el Reglamento del Régimen Interno de la ANAPOL; y, 6) De lo que se establece que los diferentes actos administrativos como la RA 0025/13 de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL no constituyen actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; consiguientemente, solicitan se deniegue la tutela impetrada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- Fragmento 5
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- i)
- denegó
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- 1)
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'.
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material
- Fragmento 18
- III.3. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones en el debido proceso
- Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- denegar
- CONFIRMAR