AUTO CONSTITUCIONAL 0061/2014-CA

Argumenta que, la Ley Municipal cuestionada tiene como finalidad convertir el inmueble privado en uno de dominio público sin que medie expropiación, ni tampoco la respectiva planimetría aprobada, tal como requiere el art. 4 de la Ley 247 de 5 de junio de 2012, y la Disposición Transitoria Quinta que textualmente reza: “Las leyes municipales que declaren la propiedad municipal constituyen título suficiente para acreditar el pleno derecho y titularidad de los Gobiernos Autónomos Municipales, siempre que no afecten derecho de particulares, debiendo adjudicarse el trámite de registro del plano de ubicación exacta y límites” (sic); y, en el presente caso se puede acreditar la propiedad privada de particulares dentro del bien inmueble.

Continúa manifestando que, el Reglamento General de Áreas protegidas aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 24781 de 31 de julio de 1997, tiene por objeto regular la gestión de las áreas protegidas y determinar el marco institucional en función a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, ratificado por la Ley 1580 de 15 de julio 1994, quedando dispuesto que el Poder Ejecutivo a nivel nacional, es el único competente para crear áreas protegidas dentro del territorio nacional.