SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2014
Fecha: 10-Abr-2014
a)
Claudia Gonzales Aguilar, mediante informe cursante de fs. 105 a 109 vta., señalo que: a) La detención del accionante obedece al incumplimiento del pago de asistencia familiar, por lo que a la fecha se encuentra recluido en el recinto penitenciario, por lo que la detención no es ilegal y menos se puede indicar se encuentra ilegalmente perseguido; b) El propio accionante confiesa que en el poder 293/2012 no se había consignado la atribución de poder conciliar; y refiere que dicha omisión fue posteriormente subsanada por el “demandante” en relación a los aspectos observados y que luego fue presentado el mismo complementado; c) La petición de homologación del documento de 17 de octubre de 2013, aún en el supuesto de haber sido legal y válidamente subsanado el poder otorgado al abogado con la facultad de conciliar, jamás podría tener efectos retroactivos, sino que correspondía suscribirse un nuevo acuerdo ya con la facultad expresa del apoderado de suscribirlo y así ser considerada ulteriormente para la homologación; y, d) Existen varias observaciones al poder, una de ellas es la caratula del 2012 y la complementación del poder es del 2013.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO
- postulados en virtud de los cuales, se genera un Estado Constitucional de Derecho caracterizado por la vigencia plena de derechos fundamentales individuales y colectivos en el marco de un sistema jurídico plural destinado a consagrar el valor supremo e ideal del Estado: El vivir bien
- i)
- Fragmento 11
- quedando también claramente establecido que, el debido proceso es objeto de tutela vía acción de libertad -en el proceso penal- aun los hechos denunciados no se encuentren vinculadas directamente con el derecho a la libertad.
- Fragmento 13
- III.2.
- asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una 'administración de justicia' extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de 'potestad' antes que de 'servicio', sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional,
- tienen el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en cuestión
- la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales
- Bajo este paraguas jurisprudencial, el Tribunal Constitucional Plurinacional asume el desafío de destrozar las prácticas formalistas que reproducen el sistema colonial, bajo un mandato fundamental del constituyente a partir de la norma jurídica directamente aplicable como es la Constitución, siempre en busca de la eficacia de los derechos y garantías constitucional; así, encontramos el reflejo de la efectividad de su función traducida en: “velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”; en consonancia con ello, el razonamiento de las autoridades que imparten justicia debe partir de la Constitución, pues estos se constituyen en los garantes primarios de la misma y de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, claro está, su tarea interpretativa y sus decisiones deben obedecer, a una efectiva “ponderación” en cada caso concreto.
- III.3. La celeridad procesal en los trámites vinculados al derecho a la libertad y el denominado hábeas corpus traslativo
- para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR
- 2° Anular