SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2014

El codemandado Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, en audiencia manifestó: 1) La accionante equivocó el camino de su reclamación, porque a través de la acción de libertad no se precautela el derecho a la propiedad que se encuentra protegido por la acción de amparo constitucional y para acudir a ella la accionante por lo menos debería acreditar un título propietario del inmueble que supuestamente está siendo afectado, lo que no ha sucedido; 2) El Tribunal Constitucional ha establecido una serie de requisitos para considerar la acción de libertad como la subsidiaridad que como lo señaló la representante del Ministerio Público, el proceso penal referido se encuentra bajo control jurisdiccional, en este entendido debió acudir a su autoridad con el propósito de que se restablezca algún tipo de derecho que consideraba vulnerado; por cuanto si la accionante afirma ser propietaria del inmueble allanado, debió acudir ante el Ministerio Público acreditando su derecho propietario, luego ante el Juez cautelar para recién acudir a la justicia constitucional; 3) La accionante no es parte del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Santiago Uría Chávez, por lo que le sorprende esta acción constitucional a través de la cual se restablecen los derechos a la vida y a la libertad de las personas y en este caso la accionante ni siquiera se ha hecho presente en la audiencia, llevándole a la duda de la existencia de ella; y, 4) Los procedimientos seguidos por su persona se ha enmarcado en la ley, y el Auto de 20 de septiembre, a que hace alusión la accionante fue legalmente notificado a las partes del proceso, y la accionante al no ser parte del proceso menos podía ser notificada, ni ha acreditado ningún tipo de interés legal, solicitando por lo expresado que ni se admita la presente acción de libertad.