SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1123/2014

La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 8 de octubre de 2013, cursante de fs. 67 a 68, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El art. 129 de la CPE, es claro al señalar que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente; así también el art. 33.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece los requisitos que debe contener la acción de amparo constitucional, como ser, las generales de ley, y un poder especial en caso de tratarse de una persona colectiva que acredite su personería; el art. 52.1 de la misma norma, establece la legitimación activa para plantear la acción de amparo constitucional, señalando que podrá ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, cuyos derechos estén siendo restringidas; 2) En el caso, del poder especial 0264/2011, se limitó a la compra de un terreno en Cobija, no existiendo ninguna facultad para plantear una acción de amparo constitucional, ni otro tipo de acción legal; y, 3) La “SC 0033/2010-R señala que: `En caso de las personas jurídicas, (…) el recurrente, que es quien demanda en su representación debió acreditar su condición de legítimo representante adjuntando el poder correspondiente´” (sic); así las “SSCC N° 0703, 763/2011-R y 0420/2011-R, se refieren a la legitimación activa y sostienen la exigencia de acreditación de personería cuando se trata de una acción de amparo constitucional, interpuesto por una persona colectiva, asociación, fundación, etc. exigen no solo la acreditación del poder especial, sino también la constitución de la persona colectiva, los estatutos, reglamentos” (sic). Por lo tanto los Tribunales de garantías, antes de ingresar al análisis del fondo de la acción, deben pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de forma.