SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1379/2014

Dentro del proceso penal seguido por José Sánchez Aguilar contra Pedro Celestino Sánchez Aguilar, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, convocó a las partes a la audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, en su condición de denunciado solicitó la suspensión de la misma, porque a través del comunicado interno de 2 de abril de 2011, la Empresa MACROS SRL., fue designado para realizar el servicio de cierre del Proyecto de Supervisión de Electrificación Rural Zona “Wehayek” del departamento de Tarija, durante los días 4, 5 y 6 del mes y año señalado, acompañando además certificado médico donde señalaba que su persona sufría de hipertensión arterial.

Las referidas literales, sin respaldo sobre la certeza de legalidad fueron “tildadas” de falsas por parte del denunciante, razón por la que el Fiscal de Materia a tiempo de manifestar que las mismas no eran artificiales, emitió Resolución conclusiva de Rechazo de la denuncia interpuesta por José Sánchez Aguilar, el 14 de diciembre de 2012, señalando: “MAS AL CONTRARIO, NACE QUE LA CONTRAPARTE QUISO HACER VER AL JUEZ CAUTELAR QUE EL INVESTIGADOR ASIGNADO HABRIA COMETIDO DELITO CUANDO EN REALIDAD JAMAS EXISTIÓ, DADO QUE, JAMAS SE PRETENDIO LOGRAR VENTAJAS EN LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES” (sic).

Una vez notificado con la Resolución de Rechazo, el denunciante objetó la misma, argumentando la existencia de contradicciones entre la declaración de José Luciano Mercado de 4 de abril de 2011, con la entrevista de Susy Vivian Terceros Grageda, puesto que de la certificación de la Empresa MACROS SRL., el 3, 5 y 6 de abril de 2011, el denunciado -ahora accionante- se encontraba en Villamontes y de acuerdo a la Resolución Administrativa (RA) 45/2011, emitido por el Ejecutivo Seccional de Desarrollo de Villamontes, acreditó que el contrato de Supervisión fue resuelta el 16 de diciembre de 2010.

Siendo así, que el Fiscal de Distrito, -ahora demandado- a tiempo de valorar la controversia suscitada entre la Resolución conclusiva de Rechazo de la denuncia y los argumentos del denunciante, concluyó que el Fiscal de Materia, no valoró racionalmente las pruebas documentales que cursan en el cuaderno de investigaciones, como las actas de entrevistas de 2 de marzo de 2012 realizadas al médico José Luciano Mercado Cadima y la contrastada por Sussy Terceros Grageda, Gerente General de MACROS SRL., mismas que contradictoriamente fueron presentadas al órgano jurisdiccional en la audiencia de medidas cautelares de 5 de abril de 2011, para luego remitir antecedentes al Ministerio Público por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo que relata que el Fiscal de Materia debió determinar cuál de los dos documentos eran falsos. En base a esos fundamentos, dispuso la revocatoria de la Resolución conclusiva de Rechazo de la denuncia, ordenando así continuar con las investigaciones.

En conocimiento de la Resolución Jerárquica 37/2013 de 2 de mayo, el Fiscal de Materia, Hugo Carrasco Callejas, no hizo ningún acto investigativo y descuidando el rol protagónico que le confiere la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y el Código de Procedimiento Penal (CPP), imprimió nueva Resolución conclusiva de imputación formal contra su persona, sin que el denunciante y el Ministerio Público hubiesen aportado mayores elementos de juicio para asegurar de manera fundamentada y motivada, la probable participación en el hecho delictivo de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado. Por lo que se encuentra injusta e ilegalmente perseguido en virtud a la carencia de objetividad del Fiscal de Distrito y la Resolución Jerárquica de revocatoria a la Resolución conclusiva de rechazo, la misma que es considerada de arbitraria e indebida por la falta de fundamentación y motivación.