SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1728/2014

Consiguientemente, no le está permitido a ningún propietario de inmueble que, en su condición de locador o arrendador, disponga de todo o de una parte de dicho inmueble, en forma arbitraria y unilateral, ya que en caso de concurrir una causal de desalojo, deberá incoar la acción que prevén los arts. 623 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para obtener una decisión de autoridad jurisdiccional competente que ordene la desocupación de la vivienda, máxime si el derecho a la vivienda tiene como justificación última, la dignidad de la persona humana, que está protegida por la Constitución Política del Estado…'.

Siguiendo la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal, se establece que en casos de contrato de arrendamiento, si bien existen vías judiciales para que las partes que lo suscribieron hagan valer sus derechos, esta jurisdicción no puede sustraerse a la concesión de la tutela, al darse el plano de desigualdad, en que se encuentra el arrendatario frente al arrendador propietario, al vulnerarse con estas actitudes de hecho, derechos fundamentales que requieren urgente protección, como es el caso del derecho al trabajo, que resulta lesionado por el acto ilegal denunciado (SC 0230/2006-R de 13 de marzo).

Jurisprudencia reiterada en vigencia del nuevo modelo constitucional, entre otras, en la SC 0750/2010-R de 2 de agosto, en la que se estableció: '…El recurrente, ahora accionante, denuncia que los demandados, alegando derecho propietario, ingresaron en forma violenta y con ayuda de la fuerza pública al inmueble que ocupa en calidad de inquilino para su vivienda familiar y lugar de trabajo, pues también es utilizado como parqueo de vehículos, sin considerar que su persona no suscribió ningún contrato con ellos y que el de alquiler fue celebrado con el propietario ya fallecido; por lo que, si pretendían desalojarlo, debieron acudir a las instancias pertinentes y no alegando una resolución de un interdicto de adquirir la posesión, peor aún, en forma violenta, para luego cerrar el lugar con cadenas y candados.

Al respecto, corresponde señalar que si bien el derecho propietario del inmueble, según el plazo del contrato de alquiler, el pago de alquileres y la supuesta garantía, son situaciones que corresponden ser conocidas y dilucidadas en la vía ordinaria; sin embargo, los recurridos incurrieron en actuación indebida e ilegal al asumir medidas de hecho contra el accionante, invadiendo el inmueble que utiliza como domicilio y actividad laboral…'.