SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1881/2014
Fecha: 25-Sep-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 18 de febrero de 2014, aproximadamente a horas 4:30 de la madrugada, vecinos de su barrio, le comunicaron que alrededor de setenta personas encabezadas por “Rosmery” Paredes Méndez, Claudia Sabene Quete, “Liliana” Zapata Gómez y otros, armados con machetes, palos y rozadoras, ingresaron a su propiedad ubicada en la prolongación, zona 27 de mayo, distrito 5, con una superficie total de 5016,07 mts2, manzana 450, predio 15, rompiendo el alambrado y sacando las estacas de su predio; donde además de arrancar sus plantaciones de yuca, destruyeron todo lo que les estorbaba para poder construir casas improvisadas de nylon, pusieron carpas de “campin”, así como las banderas de Bolivia y la del Movimiento al Socialismo (MAS); quienes, luego de declararse invasores y manifestar que querían negociar con el propietario del terreno, al momento en que pretendió acercarse a estos, reaccionaron de forma violenta con el empleo de armas blancas, palos y machetes, amenazando incluso con segar la vida de aquel que viniera a interrumpir sus construcciones improvisadas de casas; a pesar que, previamente mediante su abogado intentó explicarles que estaban cometiendo un atropello al destruir sus plantaciones y que debían retirarse de su propiedad en forma pacífica.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- III.2. Tutela de la acción de amparo constitucional frente al avasallamiento de la propiedad privada mediante medidas de hecho
- 'a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical [de los particulares frente al Estado] como horizontal [de los particulares frente a otros particulares] derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho'
- La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria
- Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, es decir, que constituya una limitación arbitraria a la propiedad, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c) referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, es decir, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 17
- predio 11-B
- CONFIRMAR en parte