SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0029/2015-S2

Efectuada dicha constatación, en cuanto a las vulneraciones al debido proceso en su vertiente de derecho a la motivación y fundamentación, puntualmente a partir de la emisión y contenido de la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ 236/2013, el accionante señaló que el Fiscal General del Estado no expuso el análisis legal y ponderado de los argumentos y la prueba presentada sobre los puntos específicos que cita, cuestionamiento que obliga a dicha autoridad a la revisión de su contenido; así como, a la revisión de la prueba acreditada en el cuaderno del sumario; sobre lo cual se advierte efectivamente que la autoridad demandada no efectuó una exposición específica y suficiente que refleje el análisis de los hechos cuestionados, el derecho y los argumentos legales y fácticos, que permitan confirmar indudablemente el razonamiento y la ponderación aplicada a la decisión adoptada por la autoridad sumariante, sobre todo en relación a las conclusiones formuladas; y, en oposición a los argumentos planteados por el accionante, sobre todos y cada uno de los aspectos citados supra, que signifiquen el análisis objetivo y específico y su compulsa, con inclusión del tratamiento de los distintos elementos probatorios o de los descargos que habrían sido presentados y su función, a efecto de probar la existencia de la responsabilidad administrativa que amerite la imposición de una sanción; por lo cual, se establece que se encuentran probadas las vulneraciones al debido proceso, en el entendido de que los puntos descritos previamente fueron impugnados y objetados en relación a presuntas vulneraciones procedimentales.

En este mismo contexto, en cuanto a la vulneración del derecho a la vida, la salud y al trabajo, corresponde considerar que en el orden legal, debieron ser contextualizados a partir de la unidad valorativa inmersa dentro de los límites de una evaluación transversal y de la asignación de responsabilidades deducidas por la acción u omisión en las funciones que se pretende cualificar, en su condición de funcionario público.