AUTO CONSTITUCIONAL 0438/2015-CA

Por memorial de 26 de noviembre de 2015, cursante de fs. 17 a 22 vta., el accionante manifestó que, se le sigue un proceso técnico administrativo por construcción sin planos arquitectónicos aprobados, por lo que está legitimado para interponer la presente acción contra el art. 17 incs. c) y d) del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, que atenta de manera directa el derecho a la propiedad privada, ya que otorga al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la facultad de demolición de edificaciones o viviendas por falta de un factor de forma como es la autorización de construcción, restringiendo el derecho de la propiedad de los habitantes del citado Municipio; siendo contrario a la Norma Suprema, ya que no toma en cuenta los límites de la propiedad como el hecho que cumpla una función social y no atente contra el interés común, limitándose a imponer una sanción arbitraria, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, al atentar contra los principios de dignidad humana, el derecho a la propiedad privada, a la vivienda digna, el debido proceso y la inviolabilidad de domicilio.

Por su parte, los arts. 51.II, 54 y 57 inc. d) del citado Reglamento referido supra, vulneran el debido proceso, al no determinar la motivación del fallo que deniegue el recurso de revocatoria, ya que se entiende por denegado únicamente por el vencimiento del plazo otorgado al Subalcalde para resolver este recurso; lo mismo ocurre con el recurso jerárquico que debe ser resuelto por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal, y así las resoluciones de dichos recursos deberían estar debidamente motivados y fundamentados, lo que posteriormente abriría la posibilidad de impugnación como derecho de la parte afectada; sin embargo, los preceptos impugnados no prevén este aspecto.

Finalmente, respecto al art. 40 del Reglamento impugnado, refirió que éste, vulnera el derecho a la inviolabilidad de domicilio, que solo puede romperse por mandato de una autoridad judicial competente dentro de un debido proceso judicial, y no por una autoridad administrativa que no tiene competencia para emitir mandamientos de allanamiento de domicilio o ingreso al inmueble, al otorgar facultades al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para que sus funcionarios puedan ingresar a un inmueble donde habitan los administrados, siendo por ello contrario a los preceptos constitucionales.