SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1318/2015-S2
Fecha: 16-Dic-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Manfredo Machicado Mamani fue candidato en las elecciones de 29 de marzo de 2015, a Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Comanche de la provincia Pacajes del departamento de La Paz, por la Agrupación Ciudadana ASP, habiendo obtenido victoria electoral, conforme constan en las actas electorales; sin embargo, en la etapa de cómputo departamental de revisión de las actas computadas, se falsificaron resultados en cinco mesas electorales, a favor de la organización política del Movimiento por la Soberanía (MPS), en el recinto electoral de la Escuela de Comanche, las actas falsificadas pero computadas a favor de éste último partido fue de 159 votos, lo que permitió modificar el cómputo en la victoria obtenida por ASP; es decir, según las copias sin alterar las actas electorales el resultado de ambas fuerzas políticas fue de 703 votos para ASP y 564 votos para MPS; de las copias falsificadas de actas electorales a las que se sumó 159 votos a favor de MPS, el resultado de ambas fuerzas políticas resultó para ASP 703 y 723 para el MPS, permitiendo que el cómputo electoral le otorgue la victoria a este último.
Señalan, que el 3 de abril de 2015, el TED de La Paz, publicó los resultados de 9 actas de 10, dando como ganador a ASP con el 43,47% y a MPS con el 41,57%; no obstante, a los dos días, el 5 de ese mes y año, se publicó vía internet los resultados de 10 actas de 10, dando como resultado el 43,55% a MPS y 42,35% a ASP, alterándose los resultados de las actas.
Refieren, que ante estas anomalías cometidas en el cómputo, el 6 abril de 2015, obtuvieron copias legalizadas de las actas de escrutinio de las elecciones municipales; luego, el 10 de ese mes, pidieron al TED el respeto de las actas de escrutinio, no habiendo obtenido respuesta. El 17 de abril reiteraron su pedido, donde este Tribunal emitió el Auto de 15 de abril de 2015, refiriendo que en el acta electoral no se asentaron las observaciones planteadas en la denuncia, conforme señala el art. 177 de la Ley del Régimen Electoral (LRE), la denuncia no se circunscribió a las causales de nulidad, por lo que se rechazó la solicitud interpuesta, donde el TED, indicó que el llenado de actas de escrutinio y cómputo, no fueron objetadas en las mesas electorales.
Ante el rechazo interpusieron recurso extraordinario de revisión por alteración y borroneo de datos en las actas, demostradas con prueba de reciente obtención, recurso que fue interpuesto en término hábil y conforme lo previsto por el art. 217 de la LRE, pidiendo se remita el recurso, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por Auto de 17 de abril de 2015, con idéntico tenor del Auto de 15 de abril de 2015, sin la debida fundamentación y motivación, el TED rechazó la solicitud de respeto a los resultados electorales en mesa y a las actas electorales no falsificadas; contra esta determinación, solicitaron la remisión de antecedentes al TSE. El 28 de abril de 2015, el TED les notificó en el tablero con el Auto de esa fecha, pretendiendo justificar el por qué no quisieron dar curso al pedido de respeto a los resultados electorales plasmados en las actas, señalando que el recurso extraordinario de revisión debió interponerse hasta antes de la aprobación del cómputo departamental, reconociendo a la vez, la existencia de presuntos delitos, remitiendo obrados al Ministerio Público. Las determinaciones realizadas en los Autos de 22 y 28 de abril de 2015, no ameritaban recurso impugnatorio alguno, por lo que se agotaron las vías en sede administrativa, abriéndose la competencia de la jurisdicción constitucional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 9
- Fragmento 10
- la notificación a la otra parte de la litis es de rigor procesal, así no figuren como recurridos; dado que sus derechos pueden resultar afectados con la resolución del recurso
- el Juez o Tribunal del recurso, como protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe garantizar el derecho a la defensa de los terceros que tengan interés legítimo en el proceso en cuestión.
- por su vocación garantista, no excluye la posibilidad de que los terceros que puedan ser afectados en sus derechos o intereses legítimos deban ser notificados con la admisión del recurso, a los efectos de que puedan ser oídos haciendo uso de los medios de defensa pertinentes al caso, si estiman necesario
- La notificación debe practicarse, sin que la naturaleza sumaria del recurso y el principio de celeridad que lo informa sirvan de pretexto al Juez o Tribunal para desarrollar y culminar el trámite a espaldas de alguna de las partes o de los terceros interesados; dado que, si esto ocurre, se produce una evidente vulneración del inviolable derecho a la defensa, determinando la nulidad de lo tramitado
- La teleología de la citación a los terceros interesados con la acción de amparo constitucional es garantizar su derecho a ser oídos, en el entendido que si bien los terceros interesados no son parte en el amparo constitucional, empero, tienen un interés legítimo en su resultado por la probable afectación de sus derechos, que pudiera derivar con el pronunciamiento del fallo de tutela constitucional. De ahí la relevancia de ser citados con la admisión de esta acción, a efectos de ser oídos y con la facultad de hacer uso de todos los medios de defensa que consideren pertinentes.
- La citación de los terceros interesados con la demanda de amparo constitucional, al no ser una mera formalidad, en razón a que se encuentra destinada a garantizar el derecho a ser oídos a quienes puedan verse afectados con el resultado del fallo de tutela, se constituye en un requisito de carácter formal imprescindible para la admisión de la acción de amparo constitucional, que debe ser observado por el accionante, quien tiene la carga procesal de identificar con precisión a los terceros interesados y señalar sus domicilios;
- la omisión del accionante en identificar al tercero interesado, no exime al tribunal de garantías del deber de ordenar la observancia de este requisito en la etapa de admisibilidad,
- Cuando en etapa de revisión este Tribunal advierte que la acción de amparo fue admitida y se llevó a cabo la audiencia de consideración pese a la inobservancia de este requisito, dará lugar a la denegatoria de la acción sin ingresarse al análisis de fondo del asunto, sin perjuicio que el accionante pueda volver a interponer la acción; en cuyo caso se suspende el cómputo del plazo de caducidad del amparo constitucional para los efectos de una nueva presentación, cómputo que se reiniciará desde la notificación con la sentencia constitucional que no ingresó al fondo.
- “…también determinó excepciones para evitar la nulidad de obrados o denegar la tutela por falta de identificación o notificación al tercero interesado cuando la misma no se justifica en mérito a la ponderación de los principios de celeridad, economía procesal, eficacia y eficiencia; puesto que la sentencia constitucional a pronunciarse no afectaría derechos o intereses de las partes, ya sea porque: a) Ingresando al fondo de todas maneras se denegará la tutela; b) Se aplicará alguna causal de improcedencia o de rechazo de la acción; o, c) La concesión de la tutela no irá en desmedro de los derechos e intereses del tercero interesado (SC 0178/2011 de 11 de marzo)…”.
- III.2. Análisis del caso concreto
- 2º