SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1318/2015-S2
Fecha: 16-Dic-2015
III.2. Análisis del caso concreto
Ahora bien, es necesario precisar en el presente caso, si corresponde o no ingresar al análisis de fondo, para lo cual nos referiremos previamente a la notificación y participación de los terceros interesados; en la demanda de acción de amparo constitucional de 22 de mayo del año en curso, los accionantes señalaron como terceros interesados a los miembros del TSE; sin embargo, en el Auto de 15 de junio de 2015, Agustín Pio Coronel, Juez de Sentencia de Corocoro del departamento de La Paz como Juez de garantías, admitió la acción, sólo con relación a los demandados que vienen a ser los miembros del Tribunal Electoral Departamental y no así respecto a los terceros interesados referidos; por otra parte, es importante señalar que la presente demanda constitucional, versa principalmente sobre el fraude electoral, cometido en cinco mesas electorales de la Escuela Comanche del departamento de La Paz, cuyo resultado supuestamente fraudulento, benefició a la agrupación política del MPS, que según los argumentos de las autoridades demandadas en audiencia, el ganador a Alcalde Municipal fue Felix Limache Herrera, quien actualmente se encontraría posesionado y con la otorgación del credencial correspondiente, conforme manda la ley, por lo que este Tribunal, considera que el tercero interesado es esta persona, puesto que el objeto de la demanda descansa en la supuesta irregular elección de la autoridad municipal. Conforme a lo establecido en la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, que es pertinente su aplicación al presente caso, el Juez de Sentencia de Corocoro, a petición de parte, primero debió ordenar la notificación con la admisión de la acción a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, ya que así solicitaron los accionantes y segundo, debió notificar al actual Alcalde Municipal, para que asistan a la audiencia fijada para el 24 de junio a horas 15:35 pm y ejerzan su derechos a la defensa y a ser oídos, en igualdad de condiciones, situación que no ocurrió así.
Por lo expresado, al detectarse esta omisión en esta etapa de revisión, cuando ya fue admitida la acción y llevada a cabo la audiencia de consideración, impiden un pronunciamiento de fondo de la demanda de tutela, sin perjuicio de que los accionantes vuelvan a interponer la acción; demostrando estos hechos, que la autoridad judicial referida incumplió con su deber, ocasionando perjuicio a los accionantes, quienes activaron su acción con la intención de obtener la tutela de sus derechos presuntamente vulnerados.
En ese sentido, y ante la existencia de un impedimento para efectuar el examen de fondo de la problemática en examen, corresponde anular obrados a efectos de reponer el procedimiento, hasta que el Juez de garantías cite a los terceros interesados, en el término de cuarenta y ocho horas y resuelva la acción tutelar conforme a derecho.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 9
- Fragmento 10
- la notificación a la otra parte de la litis es de rigor procesal, así no figuren como recurridos; dado que sus derechos pueden resultar afectados con la resolución del recurso
- el Juez o Tribunal del recurso, como protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe garantizar el derecho a la defensa de los terceros que tengan interés legítimo en el proceso en cuestión.
- por su vocación garantista, no excluye la posibilidad de que los terceros que puedan ser afectados en sus derechos o intereses legítimos deban ser notificados con la admisión del recurso, a los efectos de que puedan ser oídos haciendo uso de los medios de defensa pertinentes al caso, si estiman necesario
- La notificación debe practicarse, sin que la naturaleza sumaria del recurso y el principio de celeridad que lo informa sirvan de pretexto al Juez o Tribunal para desarrollar y culminar el trámite a espaldas de alguna de las partes o de los terceros interesados; dado que, si esto ocurre, se produce una evidente vulneración del inviolable derecho a la defensa, determinando la nulidad de lo tramitado
- La teleología de la citación a los terceros interesados con la acción de amparo constitucional es garantizar su derecho a ser oídos, en el entendido que si bien los terceros interesados no son parte en el amparo constitucional, empero, tienen un interés legítimo en su resultado por la probable afectación de sus derechos, que pudiera derivar con el pronunciamiento del fallo de tutela constitucional. De ahí la relevancia de ser citados con la admisión de esta acción, a efectos de ser oídos y con la facultad de hacer uso de todos los medios de defensa que consideren pertinentes.
- La citación de los terceros interesados con la demanda de amparo constitucional, al no ser una mera formalidad, en razón a que se encuentra destinada a garantizar el derecho a ser oídos a quienes puedan verse afectados con el resultado del fallo de tutela, se constituye en un requisito de carácter formal imprescindible para la admisión de la acción de amparo constitucional, que debe ser observado por el accionante, quien tiene la carga procesal de identificar con precisión a los terceros interesados y señalar sus domicilios;
- la omisión del accionante en identificar al tercero interesado, no exime al tribunal de garantías del deber de ordenar la observancia de este requisito en la etapa de admisibilidad,
- Cuando en etapa de revisión este Tribunal advierte que la acción de amparo fue admitida y se llevó a cabo la audiencia de consideración pese a la inobservancia de este requisito, dará lugar a la denegatoria de la acción sin ingresarse al análisis de fondo del asunto, sin perjuicio que el accionante pueda volver a interponer la acción; en cuyo caso se suspende el cómputo del plazo de caducidad del amparo constitucional para los efectos de una nueva presentación, cómputo que se reiniciará desde la notificación con la sentencia constitucional que no ingresó al fondo.
- “…también determinó excepciones para evitar la nulidad de obrados o denegar la tutela por falta de identificación o notificación al tercero interesado cuando la misma no se justifica en mérito a la ponderación de los principios de celeridad, economía procesal, eficacia y eficiencia; puesto que la sentencia constitucional a pronunciarse no afectaría derechos o intereses de las partes, ya sea porque: a) Ingresando al fondo de todas maneras se denegará la tutela; b) Se aplicará alguna causal de improcedencia o de rechazo de la acción; o, c) La concesión de la tutela no irá en desmedro de los derechos e intereses del tercero interesado (SC 0178/2011 de 11 de marzo)…”.
- III.2. Análisis del caso concreto
- 2º