SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1396/2015-S2

Por su parte, la SC 0182/2011-R de 11 de marzo, puntualizó que: “’…La protección que brinda la acción de libertad en cuanto al debido proceso se refiere, éste no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino solamente aquellas en las que exista una directa relación causa-efecto entre el acto acusado de lesivo y la vulneración al derecho a la libertad que atente o ponga en riesgo a este. Los atentados a las reglas del debido proceso en los cuales no exista una relación entre el acto considerado lesivo y el derecho a la libertad suprimido o restringido, están llamados a ser resguardados por la acción de amparo constitucional…’” (el resaltado nos corresponde).

Entendimiento de los cuales se establece que la protección que brinda esta acción de tutela respecto a las vulneraciones al debido proceso, procede únicamente cuando los supuestos actos lesivos se hallan directamente vinculados con el derecho a la libertad personal o de locomoción; caso contrario, las infracciones denunciadas deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa y sólo agotados los mecanismo intra procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional como medio efectivo para precautelar las lesiones del debido proceso1.

Una comprensión distinta posibilitaría que toda lesión al debido proceso, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso y sólo cuando la infracción no es reparada por aquellos, se abre la vía constitucional para la protección del mismo.