SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
1)
Ernesto Felix Mur y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, presentaron informe escrito cursante de fs. 58 a 59 vta., manifestando que: 1) Basados en las circunstancias de la dinámica del derecho, los hechos y su punición, tomándose como punto de partida que en determinados delitos la actividad consumativa no acaba al perfeccionarse la acción típica, sino que perdura en el tiempo, partiendo de la clasificación no sólo según su resultado, sino en cuanto a su permanencia o duración ofensiva, criterio doctrinal asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 861/2012, tomando el criterio de la SC 1332/2010-R citando a la vez la SC 1190/2001-R de 12 de noviembre; 2) En ese orden el Auto de Vista 13/2014, obedece a ese criterio que en modo alguno vulnera el principio de legalidad. Por el contrario para su correcta adecuación se debe tomar en cuenta la característica esencial concurrente, que el efecto de la infracción cometida prosiga de modo ininterrumpido más allá del momento consumativo, tal cual ocurre con el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación del Estado; 3) En el fallo impugnado se incluyó otros aspectos relativos a la forma de redacción del verbo nuclear del delito en cuestión que no obedece a un mero criterio simplista, sino a que este tipo de delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, no pena el acto que puede ser uno o varios producidos en uno o varios momentos, lo que le hace punible es el haber incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos, pero no en desmedro de otros, sino como condición esencial que sea en menoscabo del Estado, por lo que, su punición sujeta al principio de legalidad, no es al momento de la irregularidad o ilicitud del acto en sí, sino al momento que presuntamente se manifiestan las consecuencias del mismo, pero además que sean nocivas para las arcas del Estado Plurinacional, lo que equivale a decir que en este tipo de hechos, el efecto dañino ha proseguido inclusive con posterioridad a la promulgación de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010; y, 4) Los incidentes y las excepciones como mecanismos procesales admiten recurso de apelación incidental sin recurso ulterior, ello no implica la apertura por si de la jurisdicción constitucional, de lo contrario en los hechos se estaría ante una tercera instancia o un tribunal de casación, que no es el rol que cumple el tribunal de garantías, al no le está permitido ingresar al ámbito de la jurisdicción o legalidad ordinaria, entendimiento que fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional establecida en la SC 939/2012.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. El principio de legalidad
- resulta coincidente en la doctrina, identificar a este principio como el límite penal para que nadie pueda ser condenado por la perpetración de un hecho, si éste no se encuentra descrito como figura delictiva con el establecimiento de su correspondiente consecuencia jurídica por una ley anterior a su comisión.
- el principio de legalidad en su vertiente penal (sustantiva), prohíbe que una conducta, por reprochable que parezca y por mucho que lesione un derecho, pueda conceptuarse como falta o delito, si la ley no la describe de manera taxativa como tal.
- En consecuencia, el Estado no puede castigar una conducta que no está descrita ni penada por la ley, cimentándose una doble garantía: Por una parte, todas las personas conocen el ámbito de lo permitido y prohibido y, por la otra, el delincuente no puede ser castigado más que por las acciones legalmente descritas y sólo con la pena correspondiente”
- III.3. El principio de irretroactividad de la ley
- uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, así también lo ha establecido el art. 123 de la CPE.
- La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.
- “Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que existe al dictarse el fallo, se aplicará siempre la más favorable. Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se aplique”
- III.4.
- 'Primera. Las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta, establecidos en el Artículo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado'.
- El art. 123 de la CPE, dispone que: 'La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución'.
- Este Tribunal considera inicialmente que al referir dicha norma a '…la imputada o imputado…' por el principio de favorabilidad se abarca a la o al condenado y que al hacer referencia únicamente a servidores públicos por el principio de igualdad también se abarca a las servidoras públicas.
- Es decir, de una interpretación sistemática, teleológica y literal la norma contenida en el art. 123 de la CPE, no debe ser entendida en sentido que sea posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en una ley, pues el art. 123 de la CPE, se encuentra en el Título IV, Capítulo Primero relativo a las garantías jurisdiccionales, por lo que debe entenderse como una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos, pues no resultaría lógica la interpretación del establecimiento de garantías a favor del propio poder público. En este sentido para este Tribunal no resulta admisible que una garantía de los procesados en materia de corrupción sea la de que se les aplique retroactivamente la ley penal sustantiva desfavorable.
- Incluso de interpretarse que el mencionado art. 123, permite aplicación retroactiva de la penal sustantiva correspondería aplicar el art. 116.I, que establece que 'Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado'.
- De entenderse que el art. 123 de la CPE, permite la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva no sólo se afectaría la seguridad jurídica sino que se transformaría el derecho penal del acto a un derecho penal de autor y se desnaturalizaría la función democrática de la pena, pues la misma ya no podría motivar la conducta de los ciudadanos.
- La retroactividad de la aplicación del derecho penal sustantivo de forma retroactiva está vedada por los Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos,
- Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”
- 5 Cuando el delito de corrupción o vinculado a ella es permanente -aspecto determinado por la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la voluntad del imputado- es aplicable la norma penal vigente a la comisión del hecho. Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que la estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el caso Trujillo Oroza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el Auto Supremo 247 de 16 de agosto de 2010 y en el derecho comparado el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente 2798-04-HC/TC.
- Bajo los argumentos expuestos y de una interpretación 'de la Constitución' del art. 123 de la CPE y 'desde la Constitución' de la Disposición Final Primera de la Ley 004, corresponde declarar su constitucionalidad únicamente respecto al cargo de inconstitucionalidad referido a que permite la aplicación retroactiva del derecho penal sustantivo contenido en la Ley 004, siempre y cuando su aplicación por los jueces o tribunales sea en el marco del principio de favorabilidad y conforme a lo expuesto ut supra”
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo