SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0226/2015-s2
Fecha: 25-Feb-2015
II.4
II.4 El 18 de diciembre de 2012, se expidió informe SCZ/CL/051/2012, por Pablo Enrique Galván Ribera, Responsable Jurídico y Operaciones de SEGIP de Santa Cruz, a requerimiento del Fiscal de Materia en el Caso FELCC-SCZ 1007578, se informó: Existir tarjeta de “Identificación Personal” a nombre de Coral del Carmen Basma Cuéllar, con CI 3177785 de Santa Cruz “(se adjunta TIP)”. Con referencia a los puntos 1, 2 y 4 la Policía Boliviana administró el ahora SEGIP hasta el 31 de julio de 2011, teniendo sus propios procedimientos administrativos de rectificación de datos, no asentando la mayoría de las veces las rectificaciones de datos en la “TIP´s”, por lo que a la fecha no se puede certificar si la ciudadana mencionada realizó alguna rectificación, pero se certifica que los datos actuales son los que se reflejan en su CI. En respuesta al punto 3 y en virtud a las tarjetas prontuarios y tarjetas de identificación personal se informó que siempre obtuvo la misma clasificación de serie y sección de sus huellas dactilares. Respondiendo al punto 5, se informó que la dirección o domicilio constituyen una declaración voluntaria por parte de la ciudadana, pudiendo modificar conforme lo deseé la dirección actual de su domicilio, cuantas veces lo requiera. No habiendo a la fecha normativa legal o contraria sobre el particular (fs. 548).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4
- II.5
- II.6.
- III.
- Fragmento 12
- La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela
- Fragmento 14
- III.2. El debido proceso
- la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión
- derecho a la defensa a su vez significa que toda persona procesada, en cualquier materia, tiene derecho a defenderse en forma irrestricta. Es, a la vez, una garantía que tiene la finalidad de que dicha persona pueda encarar el proceso en igualdad de condiciones con quien la procesa, que se respeten en juicio sus derechos y garantías constitucionales
- potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- III.5. Principio de seguridad jurídica
- cuando se viola un derecho fundamental en esa instancia procesal sea judicial o administrativa, deviene en la inobservancia a este principio de orden general y procesal; es decir, es un efecto o consecuencia; más sin embargo ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal. Por ello, cuando se exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos como lógica consecuencia, no así de manera independiente
- III.6. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo