SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2015-S1
Fecha: 17-Abr-2015
denegó
El Juez Noveno de Sentencia Liquidador Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 07/2014 de 2 de octubre, cursante de fs. 47 a 49, denegó la tutela solicitada; y, ante solicitud de aclaración del accionante, dispuso la remisión de los antecedentes de la investigación, la imputación formal y al aprehendido -ahora impetrante de tutela- ante el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal, en el término de 24 horas a objeto de que pueda determinarse su situación procesal en audiencia de consideración de medidas cautelares, con los siguientes fundamentos: 1) Se evidenció la existencia de una imputación en contra de Humberto Laura Mamani, que él y sus abogados tienen conocimiento pleno del proceso que se sigue en su contra; 2) Al existir una denuncia formal en contra del accionante se hizo conocer al Juez de control jurisdiccional el avance de las investigaciones y fue esta autoridad que lo declaró rebelde por su inasistencia a la audiencia de consideración de medidas cautelares; 3) Se tiene que el demandante de tutela presentó un incidente de actividad procesal defectuosa, mismo que se encontraría pendiente de resolución debido a que el día que se señaló la audiencia para su consideración se presentó una recusación contra el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal, quien conoce la causa; 4) Se tiene que esta autoridad rechazó la recusación interpuesta en su contra, por lo que se deduce que seguiría ejerciendo el control jurisdiccional del proceso o en su caso el Juez siguiente en número, pero que en ningún momento se dejó de ejercer el mencionado control; y 5) La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 2275/2010-R de 19 de noviembre, es clara cuando señala que “los sujetos procesales es decir las partes también tienen la obligación de realizar el seguimiento a su proceso, pues el Juez tenga la obligación de cuidar de los vicios y otorgar el impulso procesal, no implica que las partes no tengan el rol pasivo…” (sic).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- denegó
- II.1
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad, sus características: de generalidad, inmediación, inmediatez e informalismo en la tutela
- III.2.
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
- resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales
- en la acción de libertad, al margen de los casos en los que se tutela el derecho a la vida o de locomoción (por persecución ilegal en la que esté en riesgo el derecho a la libertad física de la persona), el Juez competente, puede disponer la restitución de la libertad o mandar a que se restablezcan las formalidades, particularmente cuando de las lesiones al debido proceso se trate, en tanto estén relacionadas con el derecho a la libertad física de las personas.”
- las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
- III.4. Análisis en el caso concreto
- CONFIRMAR