SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2015-S1
Fecha: 17-Abr-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A querella de Abelino Paxi Mamani, en representación del Gobierno Municipal de Ayata del departamento de La Paz, el Ministerio Público sigue en su contra un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones y conducta antieconómica, ilícitos inmersos en los arts. 154, 163 y 224 del Código Penal (CP); querella que posteriormente fue ampliada, violando el principio de objetividad y subsumiendo su supuesta conducta delictuosa al tipo penal de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, inserta en el art. 153 del CP.
El Fiscal de Materia ahora demandado no actuó de manera objetiva, más al contrario su accionar fue totalmente parcializado con la parte querellante, ya que con la finalidad de procesarlo indebidamente ordenó su aprehensión, dejándolo en indefensión al no haber sido notificado con la ampliación de la investigación por un nuevo tipo penal, además el cuaderno de control jurisdiccional señala otro delito y el requerimiento de ampliación contiene uno distinto; además que lo único que la autoridad demandada pretende son su detención indebida, es que el querellante bajo el cargo que ostenta se beneficie económicamente del Gobierno Municipal de Ayata, porque su persona como Concejal Municipal tiene el deber de fiscalizar el manejo de los fondos de los cuales dispone este municipio.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- denegó
- II.1
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad, sus características: de generalidad, inmediación, inmediatez e informalismo en la tutela
- III.2.
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
- resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales
- en la acción de libertad, al margen de los casos en los que se tutela el derecho a la vida o de locomoción (por persecución ilegal en la que esté en riesgo el derecho a la libertad física de la persona), el Juez competente, puede disponer la restitución de la libertad o mandar a que se restablezcan las formalidades, particularmente cuando de las lesiones al debido proceso se trate, en tanto estén relacionadas con el derecho a la libertad física de las personas.”
- las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
- III.4. Análisis en el caso concreto
- CONFIRMAR