SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0465/2015-S1

La medida cautelar de detención preventiva, conforme lo establece el     art. 233 del CPP, que señala “El juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

Ahora bien en el caso de menores imputables el art. 389 inc. 2) del CPP prevé que: “Cuando proceda la detención preventiva de un menor de dieciocho años, ésta se cumplirá en un establecimiento especial o en una sección especial dentro de los establecimientos comunes”; al respecto el art. 233 del CNNA refiriéndose a la aplicación de esta medida en caso de adolescentes imputables ha previsto que: “En ningún caso se podrá imponer esta medida por más de cuarenta y cinco días, en todos los casos el Juez deberá analizar si es posible sustituir la detención preventiva por otra medida más favorable”.

Así la SC 0049/2010-R de 26 de abril, consideró que: “La detención preventiva, no tiene por finalidad, la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada y su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación…”.

Por cuanto conforme a la SCP 0110/2012 de 27 de abril recogiendo el criterio de las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, expresó que: “'…las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables...'”.

Criterio sobre el cual la SCP 0092/2015-S2 de 12 de febrero, asumiendo el entendimiento de la SCP 0182/2013 de 27 de febrero, refirió que: «“'la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado» (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras).

Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se efectivizan cuando: «…a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.