SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2015-S2

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 64 de 14 de noviembre de 2014, cursante de fs. 71 vta. a 73 vta., denegó la tutela, sin imposición de costas por ser excusable, con los siguientes fundamentos: i) El accionante denunció que se habría modificado su estatus de Coordinador a Docente que tenía en el Colegio “La Salle”, la misma fue de manera ilegal y sin tomar en cuenta que éste tiene un hijo con discapacidad, hecho que al ser denunciado ante la Inspectoría del Trabajo le dio la razón, conminando a la parte demandada para que le reincorpore a su fuente laboral, en el estado que se encontraba antes de ser removido, conminatoria que al no ser cumplida pide al Tribunal de garantías sea cumplida de acuerdo a lo que señalan los arts. 70 y 71 de la CPE; ii) De la documentación que cursa en el expediente, obliga al Colegio “La Salle” a cumplir la resolución laboral de restituir al accionante a su original fuente de trabajo; sin embargo, ésta fue impugnada inicialmente por el demandado con el recurso de revocatoria, en el que se cuestiona dicha Resolución de la Inspectora de Trabajo; iii) El recurso de revocatoria fue negativo para la parte demandada y contemplando los procedimientos administrativos como última instancia, interpuso el recurso jerárquico, dejando así en suspenso la ejecución de la Resolución y de acuerdo al art. 53 del CPCo, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá: 1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario y extraordinario, interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas”; en este caso, tenemos que la parte demandada ante la respuesta negativa del recurso de revocatoria que fue presentada, impugnó la misma mediante el recurso jerárquico y mientras no exista una resolución de esta última instancia no se puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, precisamente por el principio de subsidiariedad;    iv) Es cierto que el derecho que tienen las personas con discapacidad tiene mucha relevancia, tomando en cuenta el contenido de los informes y “las certificaciones de la institución Fusindo y el médico”, las cuales señalan que la discapacidad del hijo del accionante es riesgosa y grave, pero el Tribunal de garantías se maneja por cuestiones legales y en base a lo que manda la Constitución Política del Estado, ese elemento impide que éste Tribunal pueda pronunciarse en el fondo de lo solicitado por la parte accionante; y, v) Esto en virtud a que la Resolución inicial que ha originado la interposición del recurso de revocatoria y jerárquico todavía no está firme y ejecutoriada.