AUTO CONSTITUCIONAL 0182/2015-RCA

Sucre, 6 de julio de 2015

Expediente: 11447-2015-23-AAC

Acción: Amparo constitucional

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 44/15 de 22 mayo de 2015, cursante de fs. 53 a 54, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yeinny Mariela Zambrana Alvarado contra Irma Villavicencio Suárez, Jueza Octava de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial de 18 de mayo de 2015, cursante de fs. 46 a 52, la accionante indicó que, dentro la demanda de interdicto de recobrar la posesión seguida en su contra por Gabriela Rosario Flores Cortez de Ledezma se vulneraron sus derechos constitucionales en la tramitación irregular realizada por la Jueza Primera de Instrucción en lo Civil del departamento de Santa Cruz y confirmadas por la Autoridad ahora demandada.

Arguyó que, en la audiencia de inspección de visu y las declaraciones testificales de cargo, los testigos refirieron que la "…copropietaria nunca estuvo en posesión de dicho inmueble inmueble…" (sic), pero esas declaraciones no fueron consignadas en las actas de declaración testifical; además, de no tener una correcta redacción y sintaxis.

Denunció esa irregularidad a través de un incidente de nulidad; es así que, la referida Jueza Primera de Instrucción en lo Civil del mencionado departamento, por Auto de 8 de noviembre de 2014, rechazó multando a la accionante y su patrocinador; considerándose afectada, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, contestada la misma, la referida Autoridad jurisdiccional, rechazó el recurso y concedió la apelación en el efecto diferido conforme los arts. 24.4 y 25 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF).

Finalmente, el 3 de febrero de 2014, la Jueza a quo dictó Sentencia declarando improbada la demanda de interdicto de recobrar la posesión, la misma fue apelada y la Jueza Octava de Partido en lo Civil y Comercial del citado departamento, mediante Auto de Vista 9 de 1 de abril de 2015, revocó dicha Sentencia y declaró probada la demanda, no siendo clara dicha Resolución, la demandante pidió complementación sobre los recursos existentes y pendientes en efecto diferido, la Jueza de alzada por Auto 223 de 16 de abril de 2015, mencionó que no se puede pronunciar sobre el recurso diferido, por no ser parte apelante de la Sentencia la ahora accionante; razón por la cual, al no haber apelado la Sentencia y no existir los recursos idóneos para impugnar el Auto de Vista, se vulneraron sus derechos.

I.2. Derecho supuestamente vulnerados

La accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la "seguridad jurídica" y a la impugnación; además, de denunciar que los referido Autos no cuentan con una adecuada motivación y fundamentación que deberían contener, citando al efecto los arts. 9.2, 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se declare la nulidad del Auto de Vista 9 de 1 de abril de 2015, que revocó la Sentencia, pidiendo se emita uno nuevo.

I.4. Resolución del Tribunal de garantías

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 44/15 de 22 mayo de 2015, cursante de fs. 53 a 54, declaró su improcedencia "in límine" la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos: a) La accionante no agotó los medios y recursos legales ordinario que la Ley otorga, tal es el caso del art. 593 del Código de Procedimiento Civil (CPC), indicando que la Sentencia en este tipo de proceso, no causa estado debido a que sólo se protege la posesión y no así el derecho propietario; es decir que, persiste el principio de subsidiariedad debido a que estos presuntas irregularidades deben ser impugnados a través de la vía ordinaria; y, b) La acción tutelar no puede ser utilizado como un recurso alternativo o sustitutivo, ni como una instancia adicional en el proceso, pues ello desnaturaliza su esencia; por cuanto, no se cumplieron los requisitos exigidos de admisibilidad instituidas en el Código Procesal Constitucional.

Notificada la accionante el 1 de junio de 2015 (fs. 54 vta.), con la resolución señalada ut supra, presentó memorial de impugnación el 3 del mismo mes y año (fs. 55 a 57), dentro del plazo legal establecido en el art. 30.I.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.5. Síntesis de la impugnación

La accionante refirió que, siendo notificada con la Resolución que declaró la improcedencia "in límine" de la acción de amparo constitucional, manifestó que: 1) No se puede impugnar ante la misma autoridad a través de excepciones e incidentes procesales a efectos de que pudiera corregirse o enmendar dicha resolución por imperio del art. 215 del CPC, asimismo no es recurrible en casación así lo dispuso el art. 595 del mismo Código; 2) Si bien es cierto que el proceso de interdicto no causa estado; empero, causa daño inminente a quien tiene la posesión pacifica, continua y de buena fe; por lo que, no puede generarse un proceso ordinario civil; y, 3) Entrar en un proceso ordinario, que no resulta eficaz, "…implicaría aceptar la legalidad del Auto de Vista, que no se ha pronunciado sobre el recurso de Apelación…" (sic) en efecto diferido.

Finalmente requirió la remisión de la acción de amparo constitucional, al Tribunal Constitucional Plurinacional, para que emita la Resolución que corresponda.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

II.1. Marco normativo constitucional y legal

El art. 128 de la CPE, establece que: "La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley".

Por su parte el art. 129.I de la Norma Suprema, dispone:

"I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

Por su parte, el art. 53.1 del CPCo, determina que esta demanda tutelar, no procederá:

"Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas".

II.2. Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El AC 016/2015 de 2 de febrero, al seguir la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0273/2010-R de 7 de junio, donde precisó que: "…el Amparo Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque únicamente puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable.

En ese contexto, antes de ingresar al análisis de forma y contenido de la demanda de acción de amparo constitucional, el juez o tribunal de garantías, deberá verificar si la problemática formulada no se encuentra dentro de las causales de improcedencia o inactivación de la acción previstas en el art. 53 del CPCo, entre ellos, si él o la accionante observó o consideró que la acción de defensa no es subsidiaria, supletoria o paralela respecto a los medios o recursos idóneos de impugnación previstos por la normativa vigente, si agotados éstos, se obtuvo un pronunciamiento respecto a la problemática expuesta y que sólo en caso de considerarse lesivo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, impugnar dicho razonamiento o resolución ya sea en la vía judicial o administrativa a través de la presente acción tutelar…" (las negrillas son nuestras).

De esa manera, recogiendo los entendimientos de la jurisprudencia constitucional, la SC 0777/2010-R de 2 de agosto, expresó: "En mérito al carácter subsidiario del amparo constitucional, la SC 1337/2003-R, estableció las reglas y subreglas para determinar su improcedencia por subsidiariedad, cuando: '…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución'".

Por su parte el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: "La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo".

II.3. Análisis del caso concreto

De la compulsa de los antecedentes que informan el expediente; se tiene que, por Resolución 44/15 de 22 mayo de 2015, cursante de fs. 53 a 54, el Tribunal de garantías, declaró la improcedencia "in límine" de la presente acción de amparo constitucional, fundamentando que la accionante incumplió el principio de Subsidiariedad y tuviera la vía idónea establecida en el art. 595 del CPC; en ese entendido y de acuerdo a lo previsto en el art. 30.III del CPCo, corresponde a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisar si tal razonamiento es correcto, a objeto de confirmar la referida Resolución, o revocarla disponiendo la admisión de la misma.

Consiguientemente, corresponde previamente determinar cuál el acto lesivo; es así que en el presente caso, es la emisión del Auto de Vista 9 de 1 de abril (fs. 41 a 43 vta.) que fue notificado a la accionante a través de su abogado el 20 de abril de 2015; tal cual, lo identifica la misma al momento de denunciar que no fueron resueltas las apelaciones pendientes y concedidas en el efecto diferido establecidos en los art. 24.4 y 25 de la LAPCAF (fs. 22); de vulneradora de derechos y solicitar la nulidad de la misma al concluir el proceso de Interdicto de recobrar la posesión.

En ese marco, el Tribunal de garantías, observó que la accionante no agotó las instancias judiciales pertinentes a objeto de hacer valer sus derechos vulnerados; en ese contexto, tal cual refiere la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico II.2 del presente Auto Constitucional; según los datos verificados y venida en revisión la Resolución 44/15 de 22 mayo de 2015; la cual, indica que persiste el principio de subsidiariedad; al respecto, conforme se estableció en AC 016/2015 de 2 de febrero, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCP 1371/2012 de 19 de septiembre, respecto a la presentación del recurso de amparo constitucional enmarcada en el principio de la subsidiariedad, la misma establece que: "…toda persona afectada debe agotar todas las vías o recursos que la Constitución Política del Estado y la normativa nacional vigente le franquean para hacer valer sus derechos fundamentales y garantías constitucionales…" (las negrillas son agregadas), aplicándose de esta manera la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, en su vertiente radicada en la regla: "…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno…" (las negrillas son nuestras); es decir, cuando no se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero que se encuentra abierta a las pretensiones buscadas a momento de la interposición y tramitación del amparo constitucional.

Ahora bien, debe entenderse que el interdicto de recobrar la posesión entra sólo a esclarecer la restitución de la posesión, pero no ingresa a dilucidar el derecho de propiedad, así lo determinó el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0233/2015-S3 de 20 de marzo, instituyendo que: "…en el Fundamento Jurídico anterior, la sentencia dictada en los procesos interdictos, sólo tienen la calidad de cosa juzgada formal y no material, por lo que la misma puede ser revisada por un proceso ordinario posterior de conocimiento, conforme a lo previsto en el art. 593 del CPC, toda vez que en el interdicto solamente se juzga el hecho de la posesión, pero no el derecho de propiedad como tal; en consecuencia, corresponde a la parte accionante de manera previa acudir a la jurisdicción ordinaria a objeto de reclamar la posesión y el derecho propietario que alega en la presente acción, motivo por el cual al no haberse agotado las instancias previstas por ley, y acudirse de manera directa a la jurisdicción constitucional, no se observó el principio de subsidiariedad que rige en las acciones de amparo…" (las negrillas son añadidas); en ese sentido se manifestó la SC 0969/2010-R de 17 de agosto, entre otras.

Finalmente, la accionante tiene la posibilidad cierta de activar la vía ordinaria para hacer prevalecer el derecho a la propiedad que hoy reclama, aspecto que refleja no haber agotado o hecho uso de los mecanismos procesales que prevé la jurisdicción ordinaria; por cuanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Comisión de Admisión, está impedida de admitir la presente acción tutelar, conforme lo dispuesto por los arts. 129.I de la CPE; 53.1 y 54.1 del CPCo, que dan lugar a la improcedencia de la misma.

Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al haber declarado improcedente "in límine" la acción de amparo constitucional, actuó correctamente.

POR TANTO

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/15 de 22 mayo de 2015, cursante de fs. 53 a 54, emitida por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

COMISIÓN DE ADMISIÓN

No interviene la Magistrada, Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, por no compartir la decisión asumida.

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO PRESIDENTE

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA