AUTO CONSTITUCIONAL 0288/2015-CA
Fecha: 15-Jul-2015
Fragmento 1
En consulta la Resolución SD-AC 003/2015 de 11 de junio, cursante de fs. 139 a 141, pronunciada por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, formulada por Roger Gonzalo Palacios Cuiza Director General de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 5, 16.I y II del Reglamento de Régimen Disciplinario para Servidores Judiciales Administrativos del Órgano Judicial aprobado mediante Acuerdo 36/2012de 24 de febrero; 2, 3, 4, 18 del Reglamento de Proceso Interno Administrativo por la Función Pública en el Órgano Judicial aprobado por Acuerdo 0171/2012 de 31 de julio; y, Punto Tercero del Acuerdo 036-A/2012 de 24 de febrero, emitidos por el Consejo de la Magistratura, por ser presuntamente contrarios al art. 193 de la Constitución Política del Estado (CPE).
- Fragmento 1
- I.1. Síntesis de la solicitud de parte
- I.2. Respuesta a la solicitud
- rechazó
- II.1.
- cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales
- primera
- podrá ser presentado por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoria de la sentencia'
- Por otra parte, la jurisprudencia constitucional subordinó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad concreta a que la norma impugnada se aplique necesariamente a la resolución 'final' del proceso judicial o administrativo, impidiendo así el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad concreta en ejecución de sentencia
- , por lo que, corresponde corregir dicho entendimiento en sentido de que la resolución del proceso judicial o administrativo impugnada referida en la normativa que desarrolla el art. 132 de la CPE, no es necesariamente la que resuelve la decisión final sino también la que es utilizada para resolver incidentes o excepciones.
- En este sentido, la prohibición del art. 11 de la LTCP, que ha sido también contemplado en el art. 81.I del CPCo, en sentido de que la acción de inconstitucionalidad concreta debe plantearse hasta '…antes de la ejecutoria de la Sentencia', provoca se entienda el término sentencia en su concepción latu sensu ó genérica entendida como equivalente a resolución
- que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales
- ; que la disposición legal que se alega de inconstitucionalidad debe necesariamente ser aplicada a la resolución del caso concreto dentro del proceso judicial o administrativo
- que la resolución del proceso judicial o administrativo impugnada referida en la normativa que desarrolla el art. 132 de la CPE, no es necesariamente la que resuelve la decisión final sino también la que es utilizada para resolver incidentes o excepciones”
- II.5. Análisis del caso concreto
- RATIFICAR