SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0769/2015-S1

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Paul Tremblay, por la supuesta comisión de ilícitos incursos en la Ley 1008, fueron designados jueces ciudadanos y de esa manera conformaron el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal. El 22 de julio de 2014, se programó la audiencia de juicio oral; sin embargo, la misma fue diferida para el 7 de agosto del mismo año; en esa oportunidad asistió el Juez Ciudadano Juan Carlos Quecaña Santos y no así las Juezas Ciudadanas; ante esa circunstancia, el ahora demandado, en ausencia de la Presidenta del referido Tribunal (Nancy Bustillos de Altuzarra), sin que exista convocatoria alguna, instaló el acto procesal y al constatar la ausencia de las Juezas Ciudadanas expidió mandamiento de aprehensión en contra de ellas, no obstante de que los medios de comunicación informaron que ese día hubo suspensión laboral, corroborada por el comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, incluso, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso suspensión de actividades en la fecha mencionada. Por esos aspectos, consideraron que el Juez demandado actuó de forma oficiosa, con el único afán de expedir mandamiento de aprehensión en contra de ellos, lo cual consideraron ilegal y arbitrario. Asimismo, reiteraron que en el Código de Procedimiento Penal, no existe norma alguna que autorice a los Jueces Técnicos expedir mandamientos de aprehensión contra sus similares a objeto de garantizar su presencia en audiencias de juicio oral, dado que los Jueces Técnicos y Ciudadanos tienen el mismo rol; por lo que, al haber emitido dicha orden de aprehensión los puso en un estado inferior, como si ellos estuviesen sometidos a las órdenes de su homólogo Técnico; además, en caso de que un Juez Técnico, Fiscal o abogado que no coocurriese a la audiencia, no observó que contra ellos se haya emitido mandamiento de aprehensión.