SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0094/2016-S1

El Juez Técnico del Tribunal Único de Sentencia Penal de Entre Ríos del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución de 07/2015 de 16 de septiembre, cursante de fs. 254 a 261, concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1^a 14/2015, en base a los siguientes fundamentos: 1) La Resolución Final de Saneamiento, refleja que todos los aspectos legales y técnicos, fueron llevados  durante todo el trámite y así llegar a la correspondiente determinación legal con relación a la propiedad “El Porvenir”, siendo el problema los conflictos de posesión existentes entre la propiedad ya mencionada y las tierras de los  Weenhayek; asimismo, se estableció que existió un desistimiento lo que dio lugar a  una concertación con respecto a dicho conflicto y que fue salvado por el INRA. Así también se debe reiterar que el pueblo Wenhayek, dentro del proceso contencioso administrativo reconoció el derecho propietario, en este caso de Nilo Paz Fernández sobre el predio “El Porvenir” conforme la documentación compulsada y también aparejada en audiencia por los accionantes; 2) Conforme los antecedentes referidos y la normativa de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y su Reglamento, se advierte que la Sentencia Agroambiental Nacional S1^a 14/2015, dictada por las autoridades demandadas conforme al trámite 244/2002, no corresponde a las consideraciones vertidas, porque las mismas emergen de una prueba eludida y reiterada, que ha sido llevada -como bien  se indicó por el INRA, conforme a la normativa y reflejada en la Resolución Final RFS-RS 0076/2002, en base al parámetro legal establecido a momento de dictar emisión por el cual también conforme la RS 219199 de 29 de agosto de 2000, que delega al Director del INRA, la facultad de dictar resoluciones finales emergentes de saneamiento en procesos agrarios que cuenten con resolución suprema o título ejecutorial como en el caso analizado; 3) El derecho propietario de los accionantes en el entendido del art. 105 del Código Civil (CC), se tiene un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, y que puede ejercerse de forma compatible con el interés colectivo, dentro los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico, de donde concluye que dicho derecho fue vulnerado; 4) De acuerdo a la SC 0121/2012-R, refiere que el derecho a la propiedad es un derecho  fundamental reconocido por el bloque de constitucionalidad y de igual manera el mismo se encuentra previsto en el        art. 56.I de la CPE, que establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla con una función social y se garantiza la propiedad privada, cuando el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo garantizando el derecho a la sucesión hereditaria; por lo que bajo ese parámetro legal, se establece que el derecho a la propiedad se encuentra considerado como un derecho fundamental; toda vez que, este está instituido en la Constitución Política del Estado como tal; y, 5) Las autoridades demandadas han afectado inclusive la seguridad jurídica, que de acuerdo a la norma constitucional es tenida como un principio y no como un derecho como en la Constitución Política del Estado Abrogada, por cuanto se ha puesto en peligro las inversiones efectuadas en la función de la actividad ganadera y que tienen que ver fundamentalmente con la subsistencia, ya que se extrae que dicha propiedad “El Porvenir” cumple la función económica social.