SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1021/2016-S2
Fecha: 24-Oct-2016
Fragmento 19
Precisada la problemática planteada; de antecedentes se tiene que por Sentencia 27/2014 de 19 de agosto, la Jueza Octava de Partido de Sentencia Liquidadora del departamento de La Paz, declaró autor de los delitos de violación y asesinato, al acusado Odón Fernando Mendoza Soto, condenándolo a la pena privativa de libertad de treinta años de presidio; y con relación a las acusadas, María Rosario Vargas de Villarroel (ahora accionante), Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel, las declaró autoras de la comisión del delito de incumplimiento de deberes, condenándolas a sufrir una pena privativa de un año de reclusión; apelada la Sentencia, por Resolución 89/2015, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte la Sentencia apelada, en relación a la ahora accionante declarándola autora del delito de incumplimiento de deberes y encubrimiento previstos y sancionados por los arts. 154 y 171 con relación al art. 43 del CP (concurso real), condenándola a la pena privativa de libertad en reclusión de cinco años; y confirmó la Sentencia con relación a los acusados Odón Fernando Mendoza Soto, Margarita Uzeda Uzeda, Berna Porcel, José Luís Flores López, Reynaldo Flores Barrera y Amparo Lunario Rueda. Contra la Resolución de segunda instancia la ahora accionante por memorial presentado el 9 de junio de 2015, a horas 15:00, interpuso recurso de casación, el que por Auto Supremo 628/2015, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fue declarado improcedente, bajo el fundamento de que el recurso fue presentado fuera del término perentorio de diez días previstos por el art. “303 del CPP de 1972”, habida cuenta que fue notificada el 25 de mayo de 2015, con el Auto de Vista impugnado, según diligencia de notificación, e interpuso el recurso de casación el 9 de junio del mismo año, incumpliendo la previsión de la norma adjetiva citada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- I.2.3. Informe de los terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad
- la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo
- En cuanto al principio de congruencia
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 19
- CONFIRMAR en todo