SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2016-S3
Fecha: 03-Oct-2016
a)
Dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario interpuesto en su contra por Justina García Maida de García -ahora tercera interesada-, se emitió la Sentencia 138 de 5 de diciembre de 2013, que declaró probada en parte la demanda, ordenando la desocupación de su bien inmueble; posteriormente, planteó un incidente de nulidad en ejecución de sentencia, mismo que fue rechazado por Auto de 16 de noviembre de 2015, y una vez que apeló dicho fallo, los Vocales hoy demandados pronunciaron el Auto de Vista 45 de 2 de febrero de 2016, confirmando la Resolución impugnada: a) Sin ninguna fundamentación acerca de los agravios expuestos en la apelación ni efectuar un análisis de fondo sobre los vicios de nulidad demandados, considerando que no se determinó la superficie real del inmueble a ser entregada; b) Alegaron que los agravios descritos carecían de relevancia, no pudiendo determinarse tal aspecto sin una debida fundamentación y motivación; y, c) De manera incongruente indicaron que cumplió con los principios de especificidad en relación a las nulidades denunciadas, para luego referir que “…no son nulidades las planteadas por el apelante…” (sic). En ese sentido, se efectuó una interpretación forzada, sin fundamentación ni motivación legal, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir.
- acción de amparo constitucional
- a)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo
- a) Resolución de todas las pretensiones oportunamente deducidas
- Fragmento 17
- dispone expresamente que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley
- los jueces y tribunales de apelación tienen el deber de revisar de oficio los procesos sometidos a su conocimiento para establecer si la autoridad judicial inferior observó o no los plazos y las leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, y en los casos en que se advierta que la actividad procesal se llevó a cabo con infracción de formas o procedimientos que la ley procesal ha previsto para su validez, le corresponde aplicar la nulidad para sanear el proceso y restablecer o asegurar la vigencia del debido proceso, que no sólo es una garantía jurisdiccional, sino también un derecho
- vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley
- 2)
- es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad en ejecución de Sentencia buscando la reparación de un proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías, y de ningún modo ello puede ser considerado como una situación en la que el Juez esté revisando su propia actuación pues como lo reconoce la doctrina los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes
- Fragmento 23
- i)
- el proceso de fraude procesal no es sino la etapa previa a la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia
- CONFIRMAR