SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1096/2016-S1
Fecha: 07-Nov-2016
1)
Marco Antonio Baldiviezo Rocha ex Gerente General de SETAR, a través de su abogado en audiencia refirió que: 1) El DS 0181, específica las funciones que debe realizar la comisión de recepción, habiéndose incumplido con las mismas; 2) No se explicó de forma clara qué vulneraciones hubiera cometido dentro el proceso administrativo interno; 3) En su condición de Gerente General de SETAR, en su momento presentó denuncia ante la Fiscalía por incumplimiento de deberes, misma que fue rechazada, si bien el derecho penal es de ultima ratio y debe ser posterior a un proceso administrativo sancionador, empero, es deber del funcionario público poner en conocimiento hechos que ameritan ser perseguidos penalmente; y, 4) La accionante dentro el proceso presentó sus pruebas de descargo, realizando actos de defensa mediante escritos, lo que amerito que se pronuncie la Resolución Final 06/2015 de 10 de diciembre, lo que devino en la interposición del recurso de revocatoria que dio lugar al Auto definitivo 05/2015 de 28 de diciembre, posteriormente, se presentó el recurso jerárquico, lo que ameritó la RA de Gerencia Gerencial 09/2016, resolución que según la accionante, vulneró todos sus derechos, al sancionarla de forma desproporcional, empero, la misma es firmada por Roy Williams Ávila Ruiz, Gerente interino y máxima autoridad en esos momentos de SETAR, de lo que se colige que su persona no firmó actuado alguno.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.2.4. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.3.
- II.5.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- III.3. El debido proceso y a la defensa, en sede administrativa y judicial
- h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
- 'debido proceso legal', que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.
- «toda persona tiene derecho a ser oída, [...] por un juez o tribunal [...] imparcial, [...] en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter»'.
- ‘«…el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley…».
- que la persona contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia y de las actuaciones que se realicen en el proceso, pues de desconocerla no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella o en las actuaciones o resoluciones que se adopten en el curso del proceso, objetivo que se consigue precisamente a través de los institutos procesales de la citación y la notificación’
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma,
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión
- III.5. Análisis del caso concreto
- ‘(Responsabilidad del denunciante) El servidor público no podrá ser procesado administrativamente ni sancionado dentro de la entidad por haber presentado una denuncia, pero ésta podrá originarle responsabilidad civil o penal. Los informes de auditoria o legales que contengan información que pueda generar responsabilidad no se consideraran denuncias para los fines del presente artículo’
- aplicaron
- CONFIRMAR