AUTO CONSTITUCIONAL 0027/2016-CA

En la problemática planteada, los accionantes dentro del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Ingenio Azucarero “Guabira” S.A., habiendo formulado recurso de revocatoria contra la RA/AEMP/DTDCDN/N 154/2015 de 13 de noviembre, emitida por el Director Ejecutivo de la AEMP, interponen la presente acción impugnando los arts. 6 inc. b) de la Ley de Cierre del Proceso de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas y de Atribuciones, en la palabra “Regular…”; 1.VI de la Ley 3076 (modificatoria de los arts. 23 y 24 de la Ley 2427 del Bonosol de 20 de junio de 2005) (sic.) en la frase “…emitir regulaciones prudenciales…”;  25.III de la Ley del Bonosol, en la palabra “regulará…”; 44 inc. a) parcialmente en la palabra “Regular…” e inc. c) del DS 0071 de 9 de abril de 2009; 1, 10.I inc. a), 11.10, 18, 19, 20.II parcialmente en la frase “…y podrán aplicarse más de una de las establecidas en el Artículo anterior en forma simultánea por la misma infracción, acción u omisión…” y III, 21.I  parcialmente en la frase “…las sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia de Empresas o el IBMETRO deberán incluir la obligación de cubrir todos los gastos y pérdidas ocasionadas por la violación de las normas, especialmente cuando se haya causado daño a los consumidores” (sic), todos del DS 29519 de 16 de abril de 2008; 39.1 del Reglamento de Regulación de la Competencia aprobado por la RM 190 de 29 de mayo de 2008; y, la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N 071/2014 de 17 de julio (Guía para la aplicación de sanciones), por ser presuntamente contrarias a los arts. 8.II, 12.I y III, 14.II y IV, 47.I, 56.I y II, 109.II, 115.I y II, 116.I y II, 117.I, 120.I, 122, 158.I.3, 172.1 y 8, 308.I y II, 311.II.5, 410.II.3 y 4 de la CPE.

Previamente a ingresar al análisis del caso en estudio, es preciso señalar que si bien la SCP 0049/2015 de 27 de marzo, declaró la constitucionalidad de los arts. 11.1, 3, 4 y 11; 19 y 20 del DS 29519; y 33, 39 y 41 del Reglamento de Regulación de la Competencia, aprobado mediante RM 190, cabe establecer que en la presente acción, se impugnan otras partes de dichas normas; no obstante, debe considerarse que los artículos objetados así como los preceptos constitucionales considerados infringidos son diferentes, en ambas acciones; por consiguiente, no existe cosa juzgada constitucional.

Revisada la demanda se tiene que, si bien la misma fue interpuesta dentro de un procedimiento administrativo sancionador, llegando a identificar las disposiciones que se presumen inconstitucionales, así como también aquellos preceptos constitucionales que resultan infringidos; sin embargo, incumplió lo determinado en el Fundamento Jurídico precedente, lo cual conlleva a que la presente acción carece de un adecuado fundamento jurídico constitucional, puesto que los accionantes no explicaron cómo todas las normas impugnadas resultaban contrarias a determinados preceptos constitucionales tal es el caso de los arts. 1, 10.I inc. a), 11.10, 18, 19, 20.II y III, 21.I del DS 29519 respecto a los arts. 158.I.3, 172.1 y 8 de la CPE, tampoco expresaron ni justificaron cómo la declaración de inconstitucionalidad de cada norma impugnada sería relevante en la resolución a emitirse, no consiguiendo generar duda razonable para efectuar el control normativo de los artículos objetados, ni una vinculación de las mismas con la decisión a ser asumida en el proceso administrativo no justificando en qué medida la decisión administrativa a pronunciarse dependerá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las todas las disposiciones impugnadas, impidiendo así un análisis de fondo y activando la causal de rechazo prevista en el art. 27. II inc. c) del CPCo.