SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0219/2016-S1

De la documentación que informan los antecedentes en el expediente, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular contra Patricia Oniaba Ribera de Vargas y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad material y otros; el Juez Primero de Partido y Sentencia Penal Liquidador de Montero, provincia Obispo Santistevan del departamento de Santa Cruz, mediante Auto de 11 de septiembre de 2014, declaró por extinguida la acción penal por prescripción a favor de la acusada mencionada.

Interpuesto el recurso de apelación incidental, fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista 300, que declaró improcedente el recurso, planteado por Rober Justiniano Coronado. Con dicha Resolución se notificó al mismo el 21 de enero de 2015 a horas 10:00, conforme acredita a fs. 16 de obrados.

Ante ello, el ahora accionante considerando que fueron lesionados sus derechos constitucionales, interpuso la presente acción de defensa impugnando la Resolución emitida por el Tribunal de alzada, con la argumentación que dicho Auto de Vista, fue pronunciado sin contar con la fundamentación suficiente y pertinente, que no se manifestó sobre los puntos apelados y no se expuso los motivos que sustentan la decisión asumida.

De la revisión del memorial del recurso de apelación incidental, se evidencia que el accionante, refirió que el documento acusado de falsificado se está utilizando en otro proceso penal que le sigue Patricia Oniaba Ribera de Vargas, alega que, no puede computarse el uso de instrumento falsificado desde el momento que presuntamente se realizó la falsedad, porque queda establecido que un delito instantáneo se renueva cada vez que se lo utiliza, entonces se debió computar desde la última vez que se usó dicho documento falsificado, situación sobre la cual, no se manifestó el Tribunal de alzada.

Por otra parte, del análisis del Auto de Vista hoy impugnado, se evidencia que el Tribunal ad quem no se pronunció sobre el cómputo del tiempo para la prescripción del delito de uso de instrumento falsificado, así como a la no prescripción del delito de falsificación de documento público, tampoco respecto del delito de falsedad material, si fue en base a un documento público, pero hacen deducir que es un documento privado, sin argumentar que el documento privado tiene reconocimiento de firmas, si dicho reconocimiento se consideraba documento público, y si el contenido del mismo fue falsificado, porque señalan que los sellos son falsos; es decir, debieron establecer con la fundamentación debida si todo lo que se acusa es documento privado o público, si es privado procederá la prescripción, pero si se hace una distinción tendrá que realizarse cómputos separados respecto a cada delito acusado, específicamente del delito de uso de instrumento falsificado.

Por lo anotado, el Auto de Vista 300, objeto de la presente acción tutelar, al no haberse pronunciado sobre aspectos citados precedentemente por lo que no fueron resueltos por el Tribunal de alzada, permite establecer la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación y motivación alegado por el accionante, infringiendo el art.115.II de la CPE, en base a las consideraciones jurisprudenciales descritas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, motivo por el cual se hace viable otorgar la tutela solicitada sobre las indicadas autoridades jurisdiccionales.

Por otra parte, con relación Al Juez de Partido y Sentencia Penal Liquidador de Montero provincia Obispo Santistevan del departamento de Santa Cruz también demandado, la resolución del Tribunal ad quem, tiene la posibilidad de modificar o confirmar el Auto de 11 de septiembre de 2014, pronunciado por dicha autoridad, corrigiendo las supuestas vulneraciones a derechos y garantías denunciadas, por lo tanto, corresponde denegar la tutela impetrada contra dicha autoridad.