AUTO CONSTITUCIONAL 0058/2016-RCA

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el Tribunal de garantías, declaró la improcedencia “in limine” de la acción tutelar, argumentando que ya existe imputación formal dictada por la Fiscal de Materia, que fue comunicada al Juez Primero de Anticorrupción y Violencia Intrafamiliar, por requerimiento de 29 de diciembre de 2015; por lo que, la problemática expuesta debe ser conocida mediante la acción de libertad y no así por la de amparo constitucional.

Del análisis del memorial de la acción (fs. 24 a 30 vta.), se tiene que la parte accionante denuncia que la Resolución Jerárquica 1673/15 de 31 de agosto de 2015 (fs. 4 a 5 vta.), pronunciada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, carece de fundamentación jurídica y motivación al disponer la revocatoria de la Resolución de rechazo de denuncia, transgrediendo sus derechos fundamentales, como los derechos al debido proceso, a la fundamentación, motivación y a la congruencia de resoluciones y los principios de irretroactividad y de legalidad. En tal sentido, identificado el supuesto acto vulnerador, corresponde mencionar que la línea jurisprudencial sentada en la       SCP 1585/2014 , determinó que la resolución jerárquica del Fiscal de Distrito -ahora Departamental- que resuelva en cualquiera de las formas la objeción presentada contra una resolución del Fiscal de Materia, no merece recurso ulterior.

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al determinar la improcedencia “in limine” de la presente acción, no consideró los aspectos antes señalados; consiguientemente, será en el análisis de fondo, ponderando el supuesto acto ilegal y la presunta lesión a los derechos y garantías reclamados, donde se deberá asumir una decisión al respecto.

Con relación al principio de inmediatez, considerando que el cómputo del plazo se inicia a partir de ocurrido el acto considerado como ilegal y/o vulneratorio de derechos o garantías constitucionales, o desde la última actuación procesal, conforme determinan los arts. 129.II de la Ley Fundamental y 55 del CPCo; tomando en cuenta que la Resolución Jerárquica 1673/15, fue pronunciada el 31 de agosto de 2015 y esta acción de amparo constitucional fue presentada el 19 de enero de 2016, cumpliéndose con el plazo legal previsto.