SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2016-S1
Fecha: 07-Abr-2016
III.4. Análisis del caso concreto
Contra Germán Ticona Paz, esposo de la accionante, se interpuso una demanda de cumplimiento de obligación, en la etapa de ejecución de sentencia, la impetrante de tutela interpuso incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, debido a que, estima que el referido proceso en el que no fue parte, no puede afectar sus intereses, citando al efecto los arts. 194 del CPCabrg y 115.II y 117.I CPE y como resultado subastar y rematar el inmueble que es un bien ganancial, en mérito al citado incidente se pronunció la Resolución 59/2014, que rechazó el mismo, ante tal extremo, la accionante recurrió en apelación y las autoridades demandadas confirmando el fallo impugnado por Auto de Vista 93/2015, siendo a criterio de la accionante carente de fundamentación y motivación; además de que no valoró las pruebas al igual que el juez a quo, que resolvió como si se tratara de un contrato de préstamo de dinero y no como una obligación emergente de una responsabilidad civil.
Previo al ingreso de la problemática que nos ocupa en el caso de autos, cabe señalar que la accionante en el memorial de interposición de la presente acción tutelar, manifestó que el Auto de Vista 93/2015, emitido por Félix Rómulo Tapia Cruz y Ernesto Macuchapi Laguna, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, le causó la vulneración a sus derechos denunciados; de la misma forma, de manera expresa en el petitorio solicitó dejar sin efecto el referido fallo; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis respecto a la misma.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- III.
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 10
- Fragmento 11
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.3. La fundamentación de las resoluciones como elemento de la garantía del debido proceso
- En virtud al entendimiento antes citado, debe precisarse que la motivación de las decisiones jurisdiccionales y administrativas, constituye un elemento configurativo del derecho al debido proceso, al respecto, este Tribunal, mediante la SC 1365/2005-R 31 de octubre, ha señalado que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- Es decir que, la propiedad privada se encuentra protegida por el Estado, teniendo derecho a la misma todas las personas, con la condición de que cumpla una función social, en consecuencia, no puede ser objeto de violación, según lo establece el art. 13.I. de la Norma Suprema al señalar que: ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos’.
- De igual manera, el art. 105 del CC, identifica a la propiedad como: ‘…un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, debiendo ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico’; vale decir, que se identifican tres elementos esenciales que hacen al derecho de propiedad: 1) el derecho al uso; 2) el derecho de goce; y, 3) el derecho de disfrute, en observancia a las normas establecidas en la Constitución Política del Estado, generando por lo mismo obligaciones tanto para el Estado como para los particulares.
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR
- 1° CONCEDER