SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0560/2016-S2

La acción de libertad es un medio de defensa extraordinario, previsto en el art. 125 de la CPE, que puede activarse para impugnar los actos de autoridades o particulares que se consideren lesivos a los derechos a la libertad y/o a la vida; sea para pedir su protección, el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales o la restitución del derecho a la libertad; es decir, es un mecanismo constitucional extraordinario de defensa, dotado de un carácter preventivo, correctivo y reparador, cuya función esencial se traduce en la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de estos.

Precisamente, en mérito a esta naturaleza jurídica peculiar y en correspondencia con los derechos que tutela, se debe entender que la acción de libertad constituye un instrumento de defensa extraordinario y sumarísimo, lo cual no impide que su tramitación se halle sujeta a determinados requisitos previos, los que constituyen el carácter subsidiario de la acción.

Así, la vía constitucional a través de la acción de libertad, no procederá en los casos en los cuales no se hayan agotado los medios intra procesales establecidos en el ordenamiento jurídico a efectos de la defensa de los derechos que vinculados con el derecho a la libertad, como sucede con el debido proceso, mismo que solamente podrá ser reclamado a través de la presente acción tutelar, cuando de su inobservancia haya surgido una vulneración directa que afecte al derecho a la libertad.

Asimismo, resulta de relevancia señalar que, otra causal de improcedencia en base a la excepcional subsidiariedad que caracteriza a la acción de libertad, se presenta cuando quien acude en busca de tutela constitucional activa esta jurisdicción y a la vez, la vía ordinaria, por cuanto de emitirse pronunciamiento en ambas jurisdicciones, se corre el riesgo de que éstas resulten contrarias entre sí, ocasionando un caos jurídico y la consecuente inseguridad.