Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
AUTO CONSTITUCIONAL 0135/2016-CA
Fecha: 13-Jun-2016
I.3. Petitorio
Solicita que una vez admitido el Recurso Directo de Nulidad, en aplicación del 202.12 de la CPE, dicte sentencia declarando fundado el mismo determinando la nulidad del acto contenido en el Acta de Verificación de Requisitos para Adjudicación 01/2016 de 31 de marzo, en previsión de los arts. 122 de la citada Norma Suprema; 157.II de la LTC; y, 143 del CPCo, por cuanto las autoridades recurridas no han obrado con competencia ya que habiendo cesado en sus funciones han notificado con un acto que al tenor del art. 32.I de la Ley de Procedimiento Administrativo, solo tiene validez y surte efectos después de su notificación, todo de conformidad con lo dispuesto en el art. 148.2 del citado CPCo; y, art. 163.2 de la LTC.
- recurso directo de nulidad
- I.1. Síntesis de la demanda
- I.2.
- I.3. Petitorio
- ello no debe entenderse que tal protección constitucional sea aplicable a supuestas infracciones al debido proceso, en cualquiera de las formas en que tales infracciones pudieran producirse en los procesos judiciales o administrativos en curso, no sólo porque las mismas tienen los medios de impugnación que las normas procesales pertinentes dispensan a los litigantes para lograr la reparación de sus derechos supuestamente violados,
- Pretender impugnar decisiones dentro de procesos judiciales o administrativos con el argumento de que han sido dictadas sin competencia, constituye un uso abusivo e indebido del recurso directo de nulidad, que no sólo desvirtuaría el sentido y alcances de este instituto jurídico, sino que determinaría la producción de una carga procesal injustificada por el uso indebido del recurso, que colapsaría la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional
- queda claro que el extremo denunciado está relacionado con una presunta lesión al debido proceso; por lo que, el reclamo no puede ser efectuado mediante el recurso directo de nulidad, puesto que `…la jurisdicción constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa judicial o administrativa que la ley dispensa a los ciudadanos, dentro de los procesos judiciales o administrativos`
- II.3. Análisis del cumplimiento de los requisitos
- IMPROCEDENCIA