SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0692/2016-s2
Fecha: 08-Ago-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Encontrándose cumpliendo detención preventiva en el Centro de Reahabilitación Santa Cruz “Palmasola”, por Resolución de 11 de marzo de 2016, se dispuso el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, habiéndose interpuesto apelación incidental el 14 de igual mes y año; sin embargo, no salió hasta la fecha el proveído que conceda o no el recurso de apelación.
Desde el 15 de ese mes y año, se efectuó seguimiento al memorial de apelación, habiéndose inclusive provisto los recaudos de ley para la elaboración del acta de audiencia; empero, los funcionarios del juzgado adujeron que el expediente continúa en despacho, prueba de ello es que hasta el 21 del mismo mes y año, no se providenció el recurso de apelación para su remisión ante la Sala Penal que corresponda, fecha en la que apersonados por ante el Juzgado Décimo Cuarto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, el memorial no estaba aún decretado, para posteriormente salir con fecha retrasada, no habiéndose remitido en alzada; por lo que, no se procedió al sorteo correspondiente. Señala que, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su segundo párrafo indica: “…Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas…” , habiendo transcurrido hasta la fecha cinco días desde que debió decretarse el recurso de apelación; es decir, transcurrieron más de ciento veinte horas y aún no se remitieron los actuados necesarios para su consideración, extremo que obviamente implica una considerable dilación en la tramitación de una solicitud vinculada con el derecho a la libertad física. El principio de celeridad emerge del art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que previene que todo proceso judicial deberá ser sustanciado en observancia del principio de celeridad, más aún si la solicitud se encuentra vinculada con el derecho a la libertad física, pues ante el desconocimiento de dicho principio y vulneración del mandato del art. 251 del CPP, se afecta directamente el derecho a la libertad física.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, último de los cuales según la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
- En consecuencia, la acción de libertad (hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, como elemento del debido proceso que, en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad, en actuaciones o trámites judiciales o administrativos que se constituyen en dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad
- la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso tiene la atribución de exigirlos, no obstante ello, es un aspecto formal que no puede superponerse al fin mismo, como es la resolución de la apelación interpuesta, por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicho aspecto, y, sin embargo se remitò el legajo correspondiente al Tribunal de alzada, la falta de los recaudos de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo postergando su consideración, en estos casos, corresponderá resolver el recurso con la celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia, y posteriormente, previa notificación a las partes en el Juzgado de origen, deberá exigirse su presentación, como reintegro.
- En virtud a dicha comprensión y a lo estipulado por el art. 7 de la Ley 212, a partir del 3 de enero de 2012, se suprimieron todos los timbres judiciales; por lo tanto, no es exigible su cumplimiento desde ningún punto de vista; no obstante ello, el pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, aún persiste hasta el 3 de enero de 2013, lo que hace presuponer que su presentación es exigible por parte del órgano judicial hasta esa fecha; sin embargo, ello no significa que en ciertos casos, la falta de provisión de cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, y otros, signifique un impedimento para que la autoridad jurisdiccional, pueda disponer la prosecución del proceso con cargo a reintegro, porque lo contrario implicaría que ella misma provoque la dilación procesal, al esperar que el obligado se apersone al juzgado para cumplir con la carga de suministrar dichos valores, y menos devolver obrados cuando, la causa ya se radicó ante el Tribunal de apelación, dilatando innecesariamente la consideración de la impugnación planteada; y, con mayor razón, cuando se encuentra de por medio el derecho a la libertad de los apelantes; casos en los cuales, se exigirá el cumplimiento de dichas cargas, como reintegro, es decir, exigir su regularización en tiempo posterior a la remisión del expediente’
- III.3. Observancia del principio de celeridad cuando se encuentre directamente afectado el derecho a la libertad
- De ello es posible manifestar que el principio de celeridad al estar inserto en nuestra Norma Suprema como en las leyes, impone a quienes administran justicia a su observancia, evitando retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias; por cuanto, es lógico que las personas que intervienen en un proceso, esperen la pronta definición de su situación jurídica -sea por ejemplo en el caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones a las mismas o peticiones de cesación a la detención preventiva- que por sus propias particularidades, debe tramitarse con la mayor prontitud posible.
- El art. 178.I de la Ley Fundamental, establece como uno de los principios que rigen la administración de justicia a la celeridad, como componente del debido proceso, entendido como la prontitud debida en los actos procesales a objeto de brindar la tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la justicia (art. 115 de la CPE) y no colocar a las partes en incertidumbre jurídica durante el desarrollo del proceso
- d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR en todo