SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2016-S3

Fue contratado para realizar el transporte de una carga de menajes desde San Ramón hasta las orillas del río Iténez, comunidad de Versalles, donde se encuentra un Hotel turístico de pesca deportiva que utilizaría dicha carga. Luego, el 13 de abril de 2016, cuando se encontraba por el puerto Machupo de San Joaquín, sus embarcaciones fueron abordadas por efectivos del Comando Militar RC-2 “Mariscal Ballivian”, quienes solicitaron documentación pertinente al combustible que le fue entregado para el funcionamiento de sus embarcaciones, habiendo el responsable de la carga mostrado fotocopias simples de los documentos respectivos, ya que los originales los tenía él en su poder y todavía estaba en San Ramón, habiendo acordado con sus pilotos que les alcanzaría en algún lugar del río y abordaría las embarcaciones con los documentos originales, los mismos que fueron entregados tres horas después.

Sin embargo, el Comandante del citado Regimiento, Carlos Silvestre Aldunate Yvanov -hoy demandado-, instruyó el traslado de la carga a dependencias del Comando RC-2 de San Joaquín, sin importarle que por la lluvia se humedezcan productos como la harina y otros, causando graves perjuicios económicos. Posteriormente, la mencionada autoridad militar presentó un informe a la Policía de esa localidad, cuyo Comandante, después de haber procedido al arresto con fines investigativos de los encargados de las embarcaciones, elevó un informe a la Fiscal de Materia de las provincias Iténez y Mamoré solicitando la apertura de un proceso penal por los delitos de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diesel oíl, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Sin embargo, esta autoridad desestimó la acción directa policial, conforme al art. 55 de la “…ley 260…” (sic), pero pese a ello, el hoy demandado, arbitrariamente siguió ordenando a sus soldados que saquen toda la carga de las embarcaciones.