SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0929/2016-S3

Antes de ingresar al caso de autos, tomando en cuenta que el accionante pretende que esta jurisdicción constitucional ingrese a considerar la demanda planteada a través de esta acción de libertad citando al efecto la SC 0080/2010-R, sosteniendo que la vulneración al debido proceso se dio sin control jurisdiccional, corresponde aclarar al accionante que es justamente la indicada Sentencia Constitucional la que establece ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta, en los cuales excepcionalmente no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, con el objeto de guardar el equilibrio entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, por lo que en el caso que nos ocupa corresponde sea aplicada pero no conforme a la pretensión del accionante.

Ahora bien, de acuerdo a la revisión de obrados, se tiene que el informe de inicio de investigación de la denuncia presentada contra el accionante y otros, fue formulada el 17 de mayo de 2016, por la Fiscal de Materia codemandada, tal como consta en la Conclusión II.1. precedente; y, la Resolución de aprehensión, orden de aprehensión y posterior cumplimiento a las mismas fue en la misma fecha; es decir, 17 de mayo de 2016, tal como se tiene evidencia en las Conclusiones II.2. y II.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese sentido, la problemática planteada por el accionante respecto a las actuaciones procesales efectuadas por las autoridades codemandadas que según el nombrado carecerían de legalidad -aprehensión en forma anterior al conocimiento de la autoridad jurisdiccional-, mismas que hubiesen derivado en las presuntas vulneraciones a sus derechos, tal como se tiene en obrados, emergen de actos investigativos dentro del proceso penal señalado supra que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez Noveno de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz; aspecto que permite concluir que el accionante ante el conocimiento de la realización de los señalados actuados investigativos -emisión y ejecución de mandamiento de aprehensión- que considera atentatorios a sus intereses, bien pudo denunciarlos ante la citada autoridad judicial, como contralora de garantías constitucionales y de la investigación, haciéndole notar todos los extremos reclamados mediante esta acción tutelar, conforme a la previsión del art. 54.1 del CPP, para que la jurisdicción ordinaria tenga la oportunidad de poder reparar y/o proteger las supuestas lesiones de sus derechos, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, no siendo evidente la falta de autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta que el informe de inicio de investigaciones fue presentado el 17 de mayo de 2016 a horas 8:45 (fs. 28) y de acuerdo a la revisión del cuaderno procesal efectuado por Tribunal de garantías, y la aprehensión denunciada de ilegal también ocurrió la misma fecha pero en horas de la tarde, tal como se tiene precedentemente indicado, por lo que corresponde aplicar la reiterada línea jurisprudencial de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad ;y en consecuencia, denegar la tutela solicitada.