SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1134/2017-S1

Encontrándose precisado el problema jurídico planteado, referido a las medidas de hecho que hubiera perpetrado el demandado el 19 de agosto de 2017, con el corte de los servicios básicos de agua y electricidad en el inmueble, en el cual cohabita conjuntamente con la impetrante de tutela, cabe señalar que conforme lo estipulado por el art. 20.I y III de la CPE: “I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones (…) III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley” (las negrillas fueron incorporadas).

Entonces, en virtud al precepto constitucional precedentemente citado, los derechos invocados por la accionante tienen la calidad de fundamentalísimos; en consecuencia, su protección debe tener carácter inmediato, en razón a que se encuentran vinculados a otros derechos fundamentales como la vida, salud e integridad, entre otros, y dependerá de la protección inmediata que se les otorgue a fin de evitar la consumación irreparable de los mismos, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, todo corte de estos servicios que se efectúen de forma arbitraria, constituye violación a los mismos e implica medidas de hecho por ser acciones ejecutadas al margen del ordenamiento jurídico; toda vez que,  la energía eléctrica y el suministro de agua potable, al constituirse en servicios esenciales, no pueden ser privados de manera arbitraria; entonces sobre la base de este entendimiento, terceras personas e incluso los propietarios de inmuebles no pueden cortar o amenazar con cortar dichos servicios, menos utilizarlos como mecanismo de presión para obtener la ejecución de algún acto, como ocurrió en el presente caso; toda vez que, el demandado privó del suministro de agua potable y electricidad, en el inmueble en el cual habita conjuntamente con sus hijos, a fin de exigir a la accionante la obligación  de cumplir con el pago del consumo de agua, extremo que no constituye un argumento válido para tal supresión a cualquier ser humano de tales necesidades básicas para su subsistencia y desenvolvimiento personal.

Es sobre la base de estos fundamentos, que se concluye que, el demandado evidentemente vulneró los derechos fundamentales de la accionante, a la dotación de los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica, que adquieren protección reforzada en la Norma Suprema, y en el bloque de constitucionalidad; por cuanto, corresponde otorgar la tutela solicitada.