SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1136/2017-S1
Fecha: 12-Oct-2017
denegó
Mediante Resolución “05/2016” de 31 de agosto de 2017, cursante de fs. 646 a 649 vta., el Juez Público Segundo Mixto Civil y Comercial y de Familia de Villamontes-Tarija, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada en base a los siguientes argumentos: i) De conformidad a la jurisprudencia generada por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 487/2016 de 16 de mayo, los contratos celebrados entre una entidad pública con personas particulares, se constituyen en contratos administrativos conforme a lo previsto por el art. 47 de la Ley 1178, por lo que, la competencia para conocer demandas emergentes de contratos administrativos, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, corresponde a los Tribunales Departamentales de Justicia a través de las Salas en materia Contencioso Administrativa, quienes cuentan con jurisdicción para el tratamiento de causas a las que se refieren los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrg); en tal consecuencia, la tramitación de estos procesos por otras autoridades, encuentra sanción en lo previsto por el art. 122 de la CPE; ii) La jurisdicción constitucional se halla reservada para aquellos casos en los que no exista otra forma de tutela de los derechos fundamentales; y, iii) Por lo señalado, la jurisdicción constitucional no puede atender la presente problemática, por cuanto la misma debe ser conocida y resuelta por la jurisdicción especializada contencioso administrativa, motivo por el que se deniega la tutela, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- denegó
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
- III.1. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad
- III.2. El principio de aplicación directa y eficaz de derechos fundamentales en el orden constitucional vigente
- el valor normativo de la Constitución axiomática, como es el caso del texto aprobado en 2009, asegura la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores justicia e igualdad, como postulados esenciales del principio de razonabilidad de las decisiones, el que a su vez, irradiará el contenido esencial de los derechos fundamentales y consolidará la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho
- III.3.
- estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales
- una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley
- denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural’
- la acción de amparo constitucional, es una acción de defensa de derechos fundamentales, contra los actos u omisiones ajenas a la norma: `…cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito
- III.5.
- el ejercicio del comercio es una manifestación del derecho al trabajo, actividad comercial a la que puede acceder toda persona sea natural o jurídica
- las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.
- al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas
- III.7. Análisis del caso concreto
- REVOCAR