AUTO CONSTITUCIONAL 0304/2017-CA

El Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, mediante Resolución 136/2017 de 12 de octubre, cursante de fs. 157 a 160, determinó rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, presentada por Vladimir Américo Limachi Suca y Crispín Quino Quiñonez contra los  arts. 5 y 14 numerales 4 y 8, de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, en observancia del art. 80.IV del CPCo, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto al art. 14 numerales 4 y 8 de la citada Ley, la presente acción carece de fundamentación fáctica, no identifica de qué forma atenta la garantía del debido proceso y ni el derecho a la presunción de inocencia garantizado por la Constitución Política del Estado; en consecuencia, goza de constitucionalidad conforme a lo dispuesto en el art. 410 de la Norma Suprema, concordante con el art. 4 del CPCo; 2) La referida norma acusada de inconstitucional, en ninguna de sus partes atenta el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa material, la contradicción, presentación de pruebas, impugnación, al juez imparcial, a la asistencia técnica, imparcialidad, contradicción, inmediación e igualdad procesal; por lo que, no contraviene los arts. 115 de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del PIDCP; 3) Asimismo, no identificó de qué forma las disposiciones del art. 5 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, atenta al principio del debido proceso y a la presunción de inocencia garantizado por la Constitución Política del Estado; la norma impugnada de inconstitucional, en ninguna de sus partes contraviene el derecho al debido proceso y a la defensa, sino dispone que el servidor público policial responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones, que la responsabilidad podrá ser administrativa, ejecutiva, civil y penal, siendo que los hechos o acciones que constituyan delitos son de jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin perjuicio de la acción disciplinaria; y,    4) Tampoco quebranta el derecho a la defensa material, la contradicción, inmediación e igualdad procesal, estableciendo que la normativa acusada de inconstitucional no transgrede las disposiciones de los arts. 115 de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del PIDCP, ni lo modulado por la SC 0917/2003-R de 2 de julio, correspondiendo en consecuencia rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por el contrario el artículo mencionado.